El ecosistema de las redes sociales en España, que ha estado habitado durante años por jóvenes veinteañeros que exhiben Lamborghinis de alquiler como anzuelo para captar incautos, canales VIP de Telegram e incluso menores de edad repitiendo mantras sobre “libertad financiera”, acaba de sufrir un baño de realidad legal sin precedentes.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el regulador español ha activado la maquinaria sancionadora contra los conocidos como “finfluencers” o “influencers financieros” y lo hace publicando una estricta guía de prácticas prohibidas y anunciando la apertura inmediata de expedientes.
En consecuencia, se espera que la fiesta de los “vendehúmos” digitales se haya terminado por imperativo legal, porque durante años, los promotores de criptoactivos y esquemas de trading se han escudado en una especie de conjuro legal al colocar el clásico texto de “Not financial advice” o “Esto no es asesoramiento” al final de sus vídeos o publicaciones.
Ahora, la CNMV ha destruido este mito de un plumazo y advierte que estas exenciones de responsabilidad no protegen a nadie ante la ley, porque si el mensaje induce a comprar, vender o mantener un activo de forma personalizada, se considera asesoramiento.
En España específicamente, según la Ley de Mercados de Valores y el reglamento europeo MiCA, el asesoramiento es una actividad reservada exclusivamente a entidades autorizadas y registradas, y todo el mundo sabe, que el 90% de estos creadores de contenido no lo está.
De hecho, en el comunicado de la CMNV, se indica: “Una recomendación de inversión es toda información destinada al público en la que se sugiera una estrategia de inversión, de forma explícita o implícita, en relación con uno o varios instrumentos financieros o con sus emisores”.
Continúa: “Opiniones publicadas en redes sociales por expertos en el sector financiero (aunque no sean profesionales) pueden constituir recomendaciones de inversión. Están sujetas a requisitos en la legislación de la Unión Europea para que las recomendaciones se presenten de manera objetiva y se desvelen posibles conflictos de interés”.
Y explica: “El asesoramiento personalizado consiste en emitir recomendaciones sobre instrumentos financieros que se trasladan a una persona concreta; es decir, no se difunden al público en general. Este servicio de inversión está sujeto a un régimen legal específico y la persona que lo presta debe obtener previamente una autorización”.
Para demostrar que no se trata de una simple advertencia teórica, el entorno de la CNMV ha dejado claro que la mano dura ya es una realidad, por lo que la reciente multa de 300.000 euros al exfutbolista Gerard Piqué y al empresario José Elías por el uso de información privilegiada en el mercado bursátil funciona como el perfecto “aviso a navegantes”.
El mensaje implícito es suficientemente claro y directo al indicar que si la autoridad persigue y sanciona con cifras de seis dígitos a figuras de máxima categoría, los influencers del sector cripto que manipulen el mercado están en el matadero regulatorio.
Concretamente, la nueva guía de la CNMV introduce dos dinámicas que cambian las reglas del juego por completo: 1) Responsabilidad indirecta: Los influencers están obligados a verificar si la plataforma o el token que promocionan tiene licencia.
Si no hacen esa debida diligencia y acaban anunciando un “chiringuito financiero”o un esquema que termine en fraude, la ley los considerará cómplices de estafa y 2) Transparencia obligatoria: Se acabó el inflar un token en secreto para luego venderlo a costa de la audiencia (Pump and Dump).
Es por ello, que cualquier experto o profesional que emita una recomendación deberá declarar de forma “clara y visible” si posee una posición (larga o corta) que supere el 5% del capital social del activo en cuestión.
Este cerco regulatorio comenzó en abril cuando la CNMV informó que había detectado que al menos el 10% de finfluencers viola las normativas regulatorias de los mercados. Luego, casi a mediados de este mes, se alertó que a MiCA le quedan semanas para el fin del período transitorio y ahora este lunes, la CNMV, estableció una Guía definitiva, con prohibición de disclaimers y sanciones.
Ciertamente, este endurecimiento no se produce como consecuencia de una respuesta a la inminente implementación plena del Reglamento MiCA en la Unión Europea (UE), cuyo periodo transitorio en España expira el próximo 30 de junio de 2026, es decir, apenas quedan cinco semanas para que el suelo común europeo nivele el tablero.
Además, la CNMV ha intensificado el rastreo basándose en su Circular 1/2022, al señalar que cualquier perfil con más de 100.000 seguidores que realice campañas masivas sobre criptoactivos tiene la obligación de notificar al organismo con 10 días de antelación, desglosando el mensaje, el activo y la audiencia estimada.
De allí que, saltarse este paso previo abre la puerta a multas millonarias bajo el nuevo paraguas europeo, por lo que la intervención del regulador va a forzar una bifurcación radical en la comunidad cripto en España.
Por un lado, los creadores legítimos enfocados en la educación técnica, la ciberseguridad y el análisis macroeconómico se verán obligados a profesionalizarse y registrarse ante el regulador de los mercados español.
Y por el otro, los vendehumos del Lamborghini, con frases “eres pobre porque quieres” adornadas de las promesas de “hazte rico rápido” tendrán que elegir entre dos salidas: 1) arriesgarse a sanciones administrativas capaces de quebrar el patrimonio de toda una vida, o 2) exiliarse del contenido financiero hacia rincones menos vigilados de la red.
Sin lugar a dudas, la selva digital española, finalmente, tiene ley y probablemente, este sea el comienzo de un ecosistema cripto en España, más regulado, con verdaderos profesionales del trading cripto y con verdaderas oportunidades de crecimiento.