La semana pasada, el gobernador Mike Braun firmó la ley HEA 1116, una normativa que no solo regula, sino que prohíbe de tajo la operación de cajeros de Bitcoin en todo el estado, por lo que en esos rincones discretos de las gasolineras de Indianápolis, junto a las máquinas de boletos de lotería y los estantes de café barato, el brillo azul de los quioscos de criptomonedas pronto será apagado para siempre.
Cuando decimos pronto, es porque en la Web de CoinRadar.com, en el estado de Indianápolis, todavía se pueden observar cajeros de criptomonedas en línea, porque aunque el gobernador Braun firmó la HEA 1116 el pasado, 9 de marzo de 2026, las leyes rara vez entran en vigor el mismo minuto en que se seca la tinta.
En Indiana, la mayoría de las leyes aprobadas en la sesión legislativa suelen entrar en vigor el 1 de julio del año en curso, a menos que el texto especifique una “cláusula de emergencia”, de manera que esto les da a los dueños de los locales (gasolineras y tiendas) y a los operadores (Bitcoin Depot, etc.) un margen para desenchufar, retirar el hardware y cancelar contratos sin incurrir en delitos inmediatos.
Y es que, lo que comenzó como una promesa de “democratización financiera” y acceso rápido al oro digital, terminó convirtiéndose, a ojos de los legisladores de Indiana, en una infraestructura para el crimen, lo cual no podía ser tolerado por las autoridades del estado.
Indiana se convierte así en el primer territorio de la Unión en ejecutar una “sentencia de muerte” regulatoria contra estos dispositivos en Estados Unidos, marcando un precedente que ya resuena en los despachos legislativos de otros 30 estados.
La decisión no fue un ataque ideológico contra la tecnología blockchain, sino una respuesta de emergencia a una hemorragia financiera de los afectados, de acuerdo a datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, «por sus siglas en inglés»), que fueron citados durante las audiencias en el Senado estatal, se estima que las pérdidas por estafas vinculadas a estos terminales ascendieron a 333 millones de dólares en 2025.
Sin embargo, la cifra que realmente selló el destino de las máquinas fue otra, que el 85% de las víctimas tiene más de 60 años, lo que jugó en contra de estos importantes dispositivos que a más de un turista o un local en el mundo, le han salvado el día.
“No encuentro ninguna razón legítima sustancial que justifique la presencia de estos quioscos”, sentenció el senador republicano Scott Baldwin, presidente del Comité de Seguros e Instituciones Financieras.
Sus palabras reflejan una fatiga institucional, originada por la incapacidad de la industria para autorregularse y detener el flujo de ahorros de jubilados hacia billeteras digitales anónimas en el extranjero.
El modus operandi de los delincuentes ha sido quirúrgico, porque no utilizan la avaricia de las víctimas, sino su miedo. Estafas de “soporte técnico” de Apple o Amazon, o falsas alertas de seguridad bancaria, convencen a los ancianos de que su dinero está en riesgo.
La instrucción es siempre la misma: “Vaya a la gasolinera más cercana, retire su efectivo y póngalo en la ‘cuenta de seguridad’ del cajero automático”. Una vez que el billete entra en la ranura y se convierte en Bitcoin, la irreversibilidad de la blockchain hace el resto.
Originalmente, el proyecto de ley liderado por la representante Wendy McNamara buscaba un punto medio, ya que se propuso limitar las comisiones al 3% —actualmente oscilan entre el 15% y el 20%— y establecer un tope de transacciones de 1.000 dólares diarios.
En ese momento, la reacción de los gigantes del sector, como Bitcoin Depot y CoinFlip, fue defensiva, argumentando que un tope del 3% haría que sus operaciones fueran económicamente inviables debido a los altos costos de mantenimiento físico y seguridad de las máquinas.
Esta postura de las empresas de Cajeros Electrónicos de Criptomonedas terminó siendo el último clavo en su ataúd, ante la disyuntiva de permitir máquinas caras y peligrosas o no permitir ninguna, el Senado optó unánimemente por lo segundo.
Para Indiana, si un negocio solo es rentable cobrando comisiones predatorias en transacciones que, en gran medida, son fraudulentas, pues entonces ese negocio no tiene lugar en sus calles y debe ser prohibido.
La victoria legislativa tiene un arquitecto silencioso pero poderoso, la AARP (Asociación Americana de Personas Retiradas), la cual desplegó una campaña de concienciación masiva, llevando historias como la de Marlene Betesh —una mujer de 80 años que perdió 9.500 dólares, casi todos sus ahorros— a los oídos de los representantes.
“Las familias de Indiana merecen una sólida protección contra el fraude, especialmente ahora que los delincuentes adaptan sus tácticas a las nuevas tecnologías», afirmó Ambre Marr, directora legislativa de AARP en el estado en un comunicado sobre la prohibición de quioscos de criptomonedas, que agregó: “Indiana cuenta ahora con la mayor protección del país”.
El éxito en Indiana ha envalentonado a la organización, que ahora presiona para que estados como Florida y Nueva Jersey sigan el mismo camino de la prohibición total de los Bitcoin ATM. Sin embargo, lo que hace que el caso de Indiana sea fascinante para el análisis económico es su aparente dualidad.
Mientras el estado prohíbe los cajeros físicos por ser “herramientas del delito”, mantiene una postura abierta hacia la inversión institucional en activos digitales. Indiana permite que sus fondos de pensiones inviertan en ETFs de Bitcoin, reconociendo el valor del activo dentro del sistema financiero regulado.
No obstante, la distinción sobre este tema es clara y evidente, porque Indiana acepta el Bitcoin como un activo financiero bajo la supervisión de la SEC y en plataformas digitales con protocolos de “Conoce a tu Cliente” (KYC) rigurosos, pero rechaza ese aire del “Salvaje Oeste Cripto” que representan las máquinas físicas anónimas en la vía pública.
Con la entrada en vigor de la ley, cerca de 900 máquinas deberán ser retiradas de supermercados y lavanderías en Indiana, lo que tendrá un impacto económico para los pequeños comerciantes —que recibían una renta mensual por albergar estos equipos— y que en algunos casos, será notable.
A pesar de ello, el Fiscal General de Indiana ha sido enfático al señalar que cualquier terminal operando después de la fecha límite será confiscado y los dueños de los establecimientos podrían enfrentar cargos por facilitar actos engañosos.
En definitiva, el estado de Indiana ha lanzado la primera piedra contra los cajeros de Bitcoin. En Maine, los reguladores ya han logrado acuerdos de reembolso millonarios con los operadores de cajeros, mientras que en California y Nueva York, se están debatiendo leyes que imponen advertencias visuales obligatorias y retrasos de 24 horas en las transferencias.
Este tipo de advertencias y llamados para Indiana no son suficientes, por lo que decidió apagar las pantallas de estos 900 cajeros que existen en esa jurisdicción. Una decisión que choca con el lema oficial del estado “The Crossroads of America”, (que se traduce como La encrucijada de América), debido a su posición histórica y geográfica del estado como punto central de transporte y confluencia de carreteras, ferrocarriles y vías fluviales en Estados Unidos
Para las autoridades de Indiana, la innovación tecnológica no puede crecer a costa de la seguridad de los ciudadanos más vulnerables, por lo que el experimento de los cajeros de Bitcoin en las esquinas de los barrios podría estar llegando a su fin, dando paso a una era de criptomonedas mucho más digital, menos física y, sobre todo, mucho más vigilada.