Bolivia ha dado un giro político y económico de 180 grados, desde el pasado 8 de noviembre de 2025, cuando el nuevo Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz, tomó posesión de su cargo, en un país en crisis, tras años de gobiernos populistas que dejaron la economía en una situación apremiante.
De hecho, la economía boliviana se encuentra en una encrucijada, marcada por la escasez crónica de dólares, una inflación persistente y la urgencia de modernizar un sistema financiero que, hasta hace poco, se había mantenido herméticamente cerrado a la innovación digital, que parecía haberse quedado en la década antepasada.
No obstante, todo esto está por cambiar porque el nuevo gobierno de Bolivia ha dado un giro de 180 grados a su política monetaria, ya que impulsará activamente la integración de las stablecoins (monedas estables) en su sistema bancario, un giro que tomó por sorpresa a analistas y actores del mercado.
Este cambio busca encontrar salidas a las presiones económicas que enfrentan tanto el Estado como los ciudadanos de a pie y para ello, el Ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció en una entrevista reciente con Reuters, que Bolivia está entrando en una fase de modernización del sistema financiero.
El ministro Espinoza, declaró que esta modernización comenzaría con la integración de los activos digitales estables que están vinculados a monedas fiduciarias fuertes, como el dólar estadounidense “Tether (USD₮) y USDC (USDC)”.
Y es que, durante años, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantuvo una postura férrea y a la vez retrógrada, prohibiendo las transacciones con criptomonedas entre ciudadanos y advirtiendo detalladamente sobre sus riesgos.
Sin embargo, desde hace un par de años atrás, la realidad económica ha superado a la regulación, con la marcada caída de las reservas internacionales netas, lo que a su vez generaba la dificultad para acceder a dólares para importaciones.
La causa de esta escasez, se originó en primer lugar tras la crisis en el sector del gas natural, que sufrió una caída drástica en la producción debido a la falta de inversión en exploración y el agotamiento de yacimientos envejecidos.
Luego, la situación del litio en Bolivia empeoró, debido a protestas sociales y críticas por la falta de estudios ambientales y consultas comunitarias, lo que obligó a la suspensión de los contratos con Rusia y China por orden judicial en mayo de 2025.
Esto, poco a poco elevó la presión inflacionaria en el mercado boliviano, creando un caldo de cultivo que obligaba a los ciudadanos a que buscaran refugios de valor alternativos, encontrándolos en las criptomonedas y muy especialmente en las stablecoins.
En este contexto, las stablecoins, debido a su promesa de estabilidad (al estar ligadas 1:1 al dólar), se convirtieron en la opción predilecta de los bolivianos, haciendo que el mercado extrabancario boliviano, ya operara con estos activos digitales de manera informal.
Pero, con este giro político de Bolivia, el nuevo gobierno busca formalizar su uso, para alcanzar dos objetivos cruciales: canalizar y fiscalizar esos flujos que ya existían y ofrecer una solución rápida y eficiente al problema de la escasez de divisas.
Durante la última etapa del gobierno anterior, se mostró una leve apertura hacia los activos digitales, siendo la pieza central de este cambio, la Resolución de Directorio N° 082/2024 del BCB, emitida en junio de 2024, que no solo derogaba la antigua prohibición, sino que estableció un modelo de apertura controlada y supervisada.
A partir de su publicación, se permitió la Integración Financiera Obligatoria, haciendo que las transacciones con stablecoins y otros Activos Virtuales (AV) solo sean legales si se realizaban a través de entidades financieras autorizadas y canales electrónicos regulados, que estaban relacionados con las Empresas de Tecnología Financiera (ETF).
Esto colocó a estas entidades y las ETF en el centro del ecosistema cripto, garantizando el cumplimiento normativo, debidamente supervisados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
También se estableció un Estatus Legal Preciso y para ello, el BCB señaló claramente que las stablecoins no son moneda de curso legal, siendo el Boliviano (BOB), la única divisa legal en ese país “con poder liberatorio ilimitado”, mientras que los riesgos de utilizar activos digitales en ese país, recaen enteramente en los usuarios.
De igual forma se estableció un marco de Vigilancia Antilavado (AML), a través de la UIF y la ASFI. Al forzar las transacciones a través de canales regulados, el Estado buscó cumplir con las recomendaciones internacionales del GAFILAT para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El impacto más inmediato y positivo se percibió en el sector empresarial, que vio cómo las stablecoins aliviaron las fricciones en el comercio internacional, permitiendo a las empresas dedicadas a la importación y exportación liquidar pagos a proveedores extranjeros de manera más rápida y con menores costos de transacción, evitando las demoras y sobrecargos que impone la restricción de dólares.
Se han reportado casos, como en la industria automotriz, donde las transacciones con USD₮ y USDC se han normalizado para adquirir inventario de reposición, lo que subraya la importancia de estos activos digitales estables en el comercio de este país.
El hecho de que el volumen de transacciones con criptomonedas se disparara más de un 630% en los meses posteriores a la derogación de la prohibición es la prueba más contundente de la demanda reprimida que existía en el mercado.
Además de esta apertura hacia los activos digitales, en agosto de este año, Bolivia firmó un acuerdo de cooperación estratégica con El Salvador, el país pionero en la adopción de Bitcoin, para aprovechar su experiencia y comenzar a regular su propio ecosistema de activos digitales.
Es por ello que de acuerdo al ministro Espinoza, el gobierno apoyará un impulso de modernización más amplio, para integrar las criptomonedas directamente dentro del sistema financiero formal, comenzando con las stablecoins, haciendo que ahora los bancos puedan ofrecer servicios de criptomonedas.
Según lo dicho por Espinoza, esto permitirá que “comience a funcionar como un instrumento de pago de curso legal”. Los analistas señalan que si la adopción de criptomonedas en Bolivia aumentó después de que se levantara una prohibición anterior el año pasado, con estas medidas ese país podrá ver un crecimiento vertiginoso de los activos digitales en su economía.
Bolivia, un país históricamente conservador en materia monetaria, se posiciona ahora a la vanguardia de un movimiento regional que busca soluciones a la inestabilidad de las monedas locales a través de la digitalización.
Mientras países como El Salvador adoptaron Bitcoin como moneda de curso legal, Bolivia ha optado por una aproximación más cautelosa y enfocada en la estabilidad, integrando el dólar digital sin sacrificar el control regulatorio del Estado.
El desafío ahora para el gobierno boliviano será doble, porque en primer lugar, debe implementar la supervisión de manera efectiva para evitar abusos y, en segundo lugar, educar a una población que aún desconfía de la banca tradicional y a la que se le exigirá realizar transacciones a través de ella.
Si esta estrategia da sus frutos, Bolivia podría ofrecer un modelo replicable para otras economías emergentes que buscan modernización sin caer en la desregulación total. Por ahora, el giro de timón para la economía boliviana, demuestra que la era digital ha llegado a las finanzas de ese país de Latinoamérica para quedarse, impulsada por la necesidad, y no por el dogma.