Este lunes, el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, firmó una ley recién aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado estatal que prohíbe el uso, almacenamiento e inversión en criptoactivos (como Bitcoin) por parte de las instituciones públicas del estado.
Esta ley, que entrará en vigor el 1 de octubre de 2025, conocida como Public Act No. 25-66 (anteriormente House Bill 7082), denominada “Ley Relativa a Diversas Revisiones de los Estatutos de Transmisión de Dinero, Pagos Estatales e Inversiones en Moneda Virtual y Cuentas de Aplicación de Dinero Compartido para Menores”, también establece regulaciones más estrictas para las empresas que transmiten monedas virtuales, exigiendo mayores divulgaciones de riesgos a los consumidores.
Muchos han catalogado a esta ley de Connecticut como una ley que va en contra corriente con la mayoría de los estados en el territorio estadounidense que se encuentra explorando o ya han implementado leyes para establecer reservas de Bitcoin o utilizar criptomonedas en sus finanzas públicas.
La Public Act No. 25-66, fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso estatal de Connecticut casi a mediados del mes pasado, tras superar todas las etapas del proceso de aprobación de las leyes en el Congreso estatal.
Legisladores de ambas bancadas emitieron su voto aprobatorio, incluyendo a los miembros del partido republicano que en líneas generales aprueban todo lo que tenga que ver con las criptomonedas para apoyar a la Casa Blanca en su decisión de convertir a Estados Unidos “en la superpotencia mundial del Bitcoin y la capital criptográfica del planeta”.
Según el texto de la Public Act No. 25-66, cualquier agencia pública, entidad estatal o municipal de Connecticut tiene prohibido comprar, mantener o invertir en criptomonedas, incluido Bitcoin (BTC). También se les impide que puedan aceptar pagos en criptomonedas para impuestos, tarifas o cualquier otra cantidad adeudada al estado o a las autoridades locales.
La Sección 5, establece que “Ni el estado ni ninguna subdivisión política del estado (1) aceptarán ni exigirán el pago en moneda virtual por un monto adeudado al estado o a la subdivisión política, ni (2) comprarán, conservarán, invertirán en o establecerán una reserva de moneda virtual”.
En concreto, la ley firmada por el gobernador Lamont, prohíbe explícitamente que las entidades del gobierno estatal de Connecticut acepten criptomonedas como Bitcoin como forma de pago por cualquier obligación financiera debida al estado (por ejemplo, impuestos, tasas, multas).
Supuestamente, al prohibir la tenencia de criptoactivos por parte de las instituciones públicas, Connecticut busca proteger las finanzas estatales de la inherentemente volátil naturaleza de las criptomonedas.
Del mismo modo, se destaca que en una de las previsiones de dicha ley, es la prohibición de que el estado cree o mantenga una “reserva de criptoactivos” o un “almacenamiento de activos digitales”.
Esto significa claramente que Connecticut no puede adquirir ni guardar criptomonedas como parte de sus finanzas públicas o tesorería, a diferencia de otros estados del país que están explorando o ya han implementado tales iniciativas.
Además, establece que las agencias estatales y las instituciones públicas tienen prohibido invertir los fondos públicos en criptoactivos. Esto incluye tanto la inversión directa como la indirecta en fondos o productos que estén predominantemente expuestos a criptomonedas.
Del mismo modo, esta ley aborda otros temas vinculantes con la prestación de servicios de las empresas de criptomonedas en dicho estado. Una de estas disposiciones de la ley impone requisitos estrictos de divulgación para las empresas que operan en Connecticut y que transmiten monedas virtuales (activos digitales).
De acuerdo con la Public Act No. 25-66, estas criptoempresas deben informar claramente a los consumidores sobre todos los riesgos materiales asociados con las transacciones de criptomonedas.
Los legisladores, introdujeron estas limitaciones, a fin de proteger a los ciudadanos de la volatilidad de las criptomonedas y también de los posibles fraudes. Asimismo, se han introducido nuevos límites diarios de transacción para los quioscos de moneda virtual (o cajeros automáticos de criptomonedas).
Según la ley, los límites diarios para transacciones en Connecticut, quedó establecido en 2.000 dólares para nuevos clientes y 5.000 dólares para clientes existentes en su plataforma. Además, se incluyeron en la ley, requisitos de cumplimiento para estos operadores.
De allí que los operadores de quioscos de moneda virtual y otras empresas de transmisión de criptomonedas enfrentan regulaciones más estrictas, como la obligación de proporcionar atención al cliente en vivo y emplear un oficial de cumplimiento a tiempo completo para supervisar el cumplimiento de las normativas, entre otros detalles.
Por ejemplo, se establece que los propietarios u operadores de estos ATM de criptomonedas o en su defecto, el licenciatario que se dedique al negocio de transferencia de dinero en Connecticut deberá “divulgar de forma clara, visible y legible en inglés todos los riesgos materiales asociados con la moneda virtual en general…”.
Exigiendo que se mencione específicamente una advertencia clave que debe ser prominente y en negrita (prominent and bold). “LOSSES DUE TO FRAUDULENT OR ACCIDENTAL TRANSACTIONS MAY NOT BE RECOVERABLE AND TRANSACTIONS IN VIRTUAL CURRENCY ARE IRREVERSIBLE” (Las pérdidas debidas a transacciones fraudulentas o accidentales pueden no ser recuperables y las transacciones en moneda virtual son irreversibles).
También se debe incluir una aclaratoria que indique: “La moneda virtual no está respaldada ni asegurada por el gobierno, y las cuentas y los saldos de valor no están sujetos a las protecciones de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito ni la Corporación para la Protección del Inversionista en Valores”.
Los legisladores han indicado que estas medidas están diseñadas principalmente para proteger a los consumidores de la volatilidad y de los riesgos de estafas asociados con los activos digitales.