El debate sobre la regulación y fiscalidad de los criptoactivos en España ha alcanzado un nuevo punto de ebullición, debido a que el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, socio clave en el Gobierno de coalición, impulsado y liderado por Yolanda Díaz, quien es también Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, ha puesto el foco sobre las ganancias de Bitcoin y otras criptomonedas.
Sumar presentó la semana pasada, una batería de propuestas que, de prosperar, transformarían drásticamente el panorama fiscal y regulatorio del sector, pero que además, puede contraer el sector en ese país.
La iniciativa, calificada por expertos y actores del ecosistema criptográfico como una “salvajada” y un ataque directo a la inversión, busca elevar la carga impositiva de las grandes plusvalías hasta el 47% y establecer un sistema de “semáforo de riesgo” supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Las propuestas de Sumar no llegaron como un proyecto de ley independiente, sino que se materializaron como enmiendas a la Ley de los Mercados de Valores (LMV) y a la Ley de Impuestos.
Estas enmiendas se han presentado en el contexto de la tramitación legislativa en el Congreso de los Diputados, buscando aprovechar la modificación de normativas existentes para introducir cambios estructurales en la regulación de los criptoactivos.
El principal motor detrás de estas enmiendas, lideradas por la formación de Díaz, es por un lado, buscar “supuestamente” la Equidad Fiscal y para ello, argumentan que las plusvalías obtenidas por la especulación con criptoactivos, especialmente las de alto volumen, deben tributar de manera similar a otras rentas de capital o del trabajo, cerrando lo que consideran un “agujero fiscal” que beneficia a las rentas más altas.
Por el otro, “supuestamente” buscan la Protección al Inversor minorista de la alta volatilidad y los riesgos inherentes a un sector que consideran especulativo y, en muchos casos, sin respaldo claro, por lo que proponen un salto en la tributación del 28% al 47%.
Por razones más que obvias, este ha sido el aspecto más controvertido de la iniciativa. Ha sido visto por los usuarios de criptomonedas como un drástico cambio para el tratamiento fiscal de las ganancias patrimoniales generadas por la compraventa de activos digitales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Actualmente, las plusvalías obtenidas por la venta o permuta de criptoactivos tributan como ganancias patrimoniales dentro de la Base Imponible del Ahorro. Este régimen tiene tipos impositivos progresivos más bajos y más acotados: Hasta 6.000 €: 19%, de 6.000 € a 50.000 €: 21%, de 50.000 € a 200.000 €: 23%, de 200.000 € a 300.000 €: 27% y a partir de 300.000 €: 28%.
El tipo máximo, por lo tanto, se sitúa en el 28%, independientemente de lo elevadas que sean las ganancias, algo que la coalición electoral y el movimiento político de izquierdas en España, propone cambiar para 2026.
Básicamente, la propuesta de Sumar se basa en sacar las ganancias de criptomonedas de la Base del Ahorro e integrarlas en la Base Imponible General del IRPF, justo donde se gravan los salarios, las pensiones y otras rentas.
Dado que la Base General tiene tramos mucho más elevados y a los tipos estatales se suman los autonómicos, la tributación máxima para los inversores de criptomonedas puede dispararse sustancialmente en España.
Los contribuyentes con rentas más altas (superiores a 300.000 euros), que son a menudo los que generan grandes plusvalías en el mercado de criptoactivos, verían cómo su tipo marginal efectivo sobre esas ganancias, podría alcanzar o superar el 47% en función de la comunidad autónoma de residencia.
El argumento de Sumar es que a través de este cambio, buscan equiparar estas rentas especulativas a las rentas del trabajo más elevadas, eliminando un supuesto trato de favor a las grandes fortunas que invierten en activos de alto riesgo.
Sin embargo, la comunidad inversora lo interpreta como una medida confiscatoria que penaliza el ahorro y la inversión, y que podría provocar la fuga de capitales y talento hacia jurisdicciones con marcos fiscales en la propia UE más favorables.
Pero esta propuesta calificada por los inversores de “salvaje”, no termina allí, porque el segundo pilar de la propuesta se centra en la regulación y la protección del inversor minorista, otorgando un papel protagonista a la CNMV.
De acuerdo con la propuesta de Sumar, se implementaría un sistema de “semáforo de riesgo” para calificar y advertir a los ciudadanos sobre la naturaleza y el peligro de los diferentes criptoactivos disponibles en el mercado.
Concretamente, este sistema visual de alerta tendría una clasificación basada en tres colores. Rojo: Sería asignado a aquellos activos considerados de “alto riesgo especulativo”, sin respaldo tangible, ni emisor identificado.
La propuesta menciona explícitamente a criptomonedas líderes como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) en este grupo, instando a que sean etiquetadas como “cripto apuestas” o “activos sin respaldo”, en lugar de ser consideradas como vehículos de inversión financiera.
Amarillo/Naranja: Para activos con riesgo intermedio o moderado que cumplen parcialmente con criterios de transparencia y por supuesto, Verde: Quedaría reservado para criptoactivos registrados, regulados y que cuenten con un respaldo claro y una supervisión definida.
El objetivo de esta clasificación es doble, primero tratar de disuadir la inversión impulsiva del ciudadano medio en activos de alta volatilidad y segundo, forzar a las plataformas y a la publicidad a mostrar de forma más prominente el nivel de riesgo asociado.
Una propuesta que ha sido comparada con el Real Decreto 126/2015, que se encarga de normar el etiquetado de los alimentos, sólo que ahora se etiquetarán las criptomonedas y los activos digitales en general.
Además de los dos puntos centrales, el paquete de enmiendas incluye otras medidas destinadas a aumentar la capacidad de control de la Agencia Tributaria, como el Embargo de Criptoactivos, mediante la habilitación de que la Hacienda Pública pueda embargar directamente criptoactivos a personas o empresas que mantengan deudas con la Administración, una capacidad actualmente limitada por la naturaleza descentralizada de estos activos.
También se brinda capacidad a la Agencia Tributaria, para efectuar el Control del Patrimonio Exterior, reforzando los mecanismos de control sobre los criptoactivos mantenidos en el extranjero, buscando evitar la ocultación de patrimonio a través de wallets o criptointercambios internacionales.
Desde la criptoindustria, se considera que la propuesta de Sumar es una sobrerreacción regulatoria, si bien, buscar la protección del inversor es un objetivo loable, la medida de tributación máxima al 47% es excesiva y desincentivaría por completo la inversión en el sector.
Una medida como esa, crearía una desventaja competitiva para España frente a otros países europeos que buscan activamente atraer empresas y capital de la emergente economía digital, sin embargo, el debate, ya está servido en el Congreso, donde el futuro fiscal español de las criptomonedas pende de un hilo.