Desde este miércoles, en las oficinas de las agencias tributarias más poderosas del mundo se comenzó a generar un clima de cacería, ya que el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Global de Control Tributario (Chiefs of Global Tax Enforcement), conocidos como el (J5), ha emitido un comunicado con dos advertencias que marcan un antes y un después en la regulación del ecosistema de las criptomonedas.
El J5, es una alianza conformada por la Australian Taxation Office (ATO, «por sus siglas en inglés»), la Canada Revenue Agency (CRA, «por sus siglas en inglés»), la Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst de Países Bajos (FIOD, «por sus siglas en inglés») la His Majesty’s Revenue and Customs de Reino Unido (HMRC, «por sus siglas en inglés») y la Internal Revenue Service Criminal Investigation de Estados Unidos (IRS-CI, «por sus siglas en inglés»), que son los “cazadores de impuestos” más pesados del planeta.
A través de dos detallados informes técnicos, la alianza del J5 ha puesto el foco en dos sectores críticos de los cuales pocas veces se habla en el ámbito cripto, a menos que aparezcan en órdenes de ejecución: las mesas de negociación extrabursátiles (OTC) y los procesadores de pagos de activos digitales.
Lo que para muchos era la “última frontera” de la privacidad financiera, hoy ha sido cartografiado y puesto bajo vigilancia estricta, ya que el primer reporte del J5 disecciona el funcionamiento de las plataformas OTC, por ser aquellos espacios donde se negocian grandes volúmenes de criptomonedas fuera de los libros de órdenes públicos de los criptointercambios tradicionales.
Según el documento, estas plataformas se han convertido en el “puerto seguro” para mover fondos vinculados al crimen organizado y la evasión fiscal a escala industrial. De acuerdo a lo estimado por el J5, el mercado OTC mueve aproximadamente 1.44 mil millones de dólares diarios.
La preocupación de las autoridades radica en la opacidad, porque al operar bajo el radar, muchas de estas mesas han descuidado —intencionalmente o no— los protocolos de “Conoce a tu Cliente” (KYC, «por sus siglas en inglés»).
El informe detalla patrones de conducta que ahora son considerados “banderas rojas”, como el uso de cuentas bancarias personales para liquidar transacciones corporativas, la fragmentación de depósitos para evitar umbrales de reporte y el uso de empresas fachada en jurisdicciones de baja tributación.
Lo que el J5 busca es responsabilizar directamente a los operadores, al decirles claramente: si facilitas el movimiento de fondos sin la debida diligencia, dejas de ser un facilitador tecnológico para convertirte, a ojos de la ley, en un cómplice del lavado de activos.
El segundo informe aborda una tendencia creciente y preocupante para los reguladores, como lo es la explosión en el uso de procesadores de pagos cripto, ya que estos servicios, que permiten a los comercios aceptar activos digitales como pago por bienes y servicios, han visto un incremento del 1000% en actividades sospechosas en los últimos años.
El J5 advierte que estos procesadores están siendo utilizados para “limpiar” fondos de manera instantánea, al convertir criptomonedas de origen dudoso directamente en bienes de consumo o servicios legales, los criminales logran una integración de capitales mucho más rápida que el lavado tradicional.
El reporte destaca cómo se han detectado carteras vinculadas a mercados de la darknet realizando pagos en comercios legítimos a través de estos procesadores, aprovechando la laxitud de los controles de algunas pasarelas de pago que operan en zonas grises regulatorias.
Más allá de la persecución al crimen, estos documentos del J5 revelan una realidad técnica inquietante para el ciudadano común, que no es otra que la privacidad absoluta en los pagos por Internet es hoy una reliquia del pasado o poco a poco, se están convirtiendo.
No obstante, el seudonimato es que implica el uso de una identidad alternativa, alias o seudónimo para interactuar públicamente en línea, ocultando la identidad real pero manteniendo una presencia constante y reputación, pudiera estar a punto de terminar en Internet.
En nuestro estado actual, cada interacción digital en Internet deja una “miga de pan”. Dado que el J5 ha perfeccionado el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y el análisis de datos masivos para cruzar información aparentemente aislada, nada está quedando por fuera del ojo del Gran Hermano.
Desde la compra de una billetera de hardware con una tarjeta de crédito, la compra de un ASIC miner, del hardware necesario para crear un nodo, el uso de un correo electrónico para registrarse en un servicio, o el simple envío de un dispositivo a un domicilio físico, son hilos que, al ser halados por agencias con recursos globales, desmoronan cualquier intento de anonimato.
Incluso las estrategias de ofuscación más comunes, como el uso de Apartados Postales (PO Box) o servicios de reenvío en terceros países, son hoy vulnerables ante la integración de datos de aduanas y registros logísticos internacionales.
La transparencia intrínseca de la tecnología blockchain, combinada con la vigilancia de los puntos de entrada y salida (on-ramps y off-ramps), ha convertido al sistema financiero digital en un panóptico donde todo se ve, tarde o temprano.
Lo que implican estos avisos de cumplimiento es la domesticación final del ecosistema cripto. Las “islas de privacidad” que aún persisten —monedas de anonimato, billeteras sin custodia y nodos propios— se enfrentan ahora a un cerco coordinado.
Si bien estas herramientas ofrecen una capa de protección técnica, la presión de los J5 se dirige a asfixiar su utilidad práctica en el mundo real, obligando a los usuarios a elegir entre la legalidad transparente o la marginalidad financiera.
De allí que para los fanáticos de la privacidad financiera, este ejercicio de transparencia informativa que exigen agencias tributarias como el J5; son más que nada una demostración de poder.
Sin embargo, los miembros de J5 han encendido la luz en el rincón más oscuro del mercado cripto, por lo que cabría esperar en 2026 una mayor presión sobre estos mercados de OTC de criptomonedas.
Sin duda que para aquellos que pensaban que el código era ley y el anonimato era eterno, la realidad les ha recordado que el Estado siempre tiene la última palabra, en consecuencia, podemos decir que la era de la privacidad imperante ha muerto; ha comenzado la era de la trazabilidad absoluta.