La relación de Rusia con las criptomonedas se ha transformado rápidamente de la cautela a una adopción estratégica, impulsada en gran medida por la necesidad de mitigar el impacto de las sanciones occidentales impuestas a raíz de la invasión a Ucrania.
Sin embargo, este giro pragmático en el comercio exterior contrasta fuertemente con una postura interna de fuerte vigilancia hacia las transacciones de los usuarios y una creciente presión fiscal, creando un escenario económico dual y complejo, donde la narrativa rusa sobre las criptomonedas no es de plena aceptación, sino de un uso instrumental y fuertemente controlado.
No cabe duda que el catalizador principal para la legalización de las criptomonedas en áreas específicas fue la exclusión de importantes bancos rusos del sistema de mensajería financiera SWIFT junto a las restricciones sobre el uso del dólar y el euro, impuestas por las baterías de sanciones de Occidente, tras la invasión a Ucrania.
Por razones más que obvias, las criptomonedas le han ofrecido un carril alternativo, descentralizado y global para las transacciones comerciales con otros países en el mundo, permitiéndole a ese país sortear de forma significativa las sanciones.
El anuncio de que el Ministerio de Finanzas (Minfin) y el Banco Central (Banco de Rusia) acordaron la legalización de los pagos en criptomonedas para el comercio exterior es una señal inequívoca de esta estrategia, que no busca facilitar las transacciones cotidianas de los ciudadanos, sino asegurar el flujo de divisas y bienes necesarios para el país.
Como lo expresó el jefe del Minfin, Antón Siluánov, se busca proporcionar una “regulación legislativa” a esta área de las transacciones con criptomonedas, que considera vital para las finanzas y la retirada de divisas, porque “Mejora la eficiencia económica y garantía de igualdad de condiciones para las empresas”, según lo revelado este martes por el medio ruso Ria Novosti.
“Creemos que esta zona debería legalizarse y regularse legislativamente. De esta manera, junto con Rosfinmonitoring y las agencias reguladoras, podemos garantizar y restablecer el orden en este sector”, declaró el ministro.
Su declaración, fue un reconocimiento formal de que las criptomonedas son una herramienta esencial para la desdolarización y para mantener lazos comerciales con naciones “amigas” que no participan en el régimen de sanciones.
El marco legal que se está implementando se centra en los llamados Regímenes Legales Experimentales (RLE), para permitir, bajo condiciones estrictas y con la aprobación de entidades como el Banco Central y el Servicio Federal de Monitoreo Financiero (Rosfinmonitoring), realizar operaciones específicas como transacciones bursátiles y pagos transfronterizos con criptoactivos.
Este enfoque subraya que la adopción es quirúrgica y controlada, diseñada para beneficiar a las grandes empresas involucradas en el comercio internacional sin desestabilizar el sistema financiero doméstico, cuyo objetivo es capitalizar las ventajas de las criptomonedas para la política exterior mientras se minimizan los riesgos internos.
Pero más allá de esto, no todo lo que brilla es oro, ya que mientras Rusia abre la puerta a las criptomonedas en sus fronteras comerciales, su postura interna es de marcada intolerancia hacia toda actividad que no regulada.
Las transacciones ilegales entre ciudadanos, en un país donde las criptomonedas no pueden sustituir el dinero fiduciario local, el rublo ruso, subraya que la libertad financiera que representan los activos digitales, es vista como una amenaza al control estatal y a la integridad del rublo.
El principal motor detrás de esta política estricta es la lucha contra el cibercrimen, ya que en opinión de las autoridades rusas, las criptomonedas son un facilitador primordial para el lavado de dinero, el fraude y los esquemas de extorsión, dada su naturaleza seudónima y la dificultad de rastreo sin la cooperación de los criptointercambios centralizados (CEX, «por sus siglas en inglés»).
Las pérdidas por delitos cibernéticos en Rusia alcanzan cifras alarmantes, ascendiendo a cientos de miles de millones de rublos. Para el fiscal Alexander Gutsan y otras autoridades, la legalización de las criptomonedas para el comercio exterior debe ir de la mano con el endurecimiento de las penas y un monitoreo estricto de las transacciones domésticas.
De acuerdo al medio ruso TASS, Gutsan dijo este martes que la digitalización de las actividades humanas, facilita “un nuevo espacio híbrido para la actividad ilegal” y declaró en una reunión del Consejo de Coordinación de Fiscales Generales de la CEI (Comunidad de Estados Independientes): “En los últimos cinco años, la proporción de delitos cibernéticos en Rusia ha alcanzado el 40% de todos los tipos de delitos denunciados”.
“El año pasado, su número superó los 765.000. Los daños ascienden a cientos de miles de millones de rublos, una cuarta parte de los cuales son fondos robados a los ciudadanos«, agregó el fiscal Gutsan.
De hecho, a inicios de julio de este año, durante una reunión con el presidente Vladimir Putin, en el Kremlin, el jefe del Servicio Federal de Supervisión Financiera, Yuri Chikhanchin, le puso al tanto sobre el funcionamiento del sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales y la cooperación internacional en materia de seguridad financiera.
Indicando, que mantienen “la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia transnacional”, en medio de “otra evaluación del GAFI”, para lo cual estaban “construyendo un sistema de intercambio de información entre países”, luego que por las sanciones, fueran suspendidos del Grupo Egmont, “que reúne a las unidades de inteligencia financiera”.
Esto deja entrever el alto nivel del escrutinio de las transacciones con criptomonedas desde Rusia o hacia ese país e incluso dentro de este, bajo el argumento de la neutralización de su potencial disruptivo en la economía doméstica y el sistema de justicia.
Sin embargo, hay constancia que las transacciones comerciales en Bitcoin (BTC) o Tether (USD₮) para pagar a sus proveedores en Asia o en otro lado del mundo, que también están bajo revisión, en ocasiones pasan por alto a empresas sancionadas, lo que no sucede con los ciudadanos comunes, incluso si utilizan las mismas monedas para una inversión o una compra en el exterior.
Este tipo de ciudadanos, se exponen a un escrutinio legal severo si su actividad no cae bajo los estrechos márgenes de la regulación permitida, ya que como algunos analistas señalan, la meta del gobierno ruso es canibalizar los beneficios de las criptomonedas como herramienta geopolítica.
De hecho, el complicado panorama de las criptomonedas se sitúa dentro de un contexto económico nacional cada vez más tenso. El gobierno ruso enfrenta un déficit presupuestario masivo, impulsado por el incesante gasto militar en la guerra de Ucrania, por lo que, para compensar estos costos, el Ministerio de Finanzas ha propuesto un aumento significativo de impuestos, una medida que repercute directamente en la vitalidad del sector civil.
Se ha informado de planes para un aumento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que pasaría del 20% al 22%, así como incrementos en el impuesto sobre la renta para los tramos más altos y el impuesto sobre los beneficios empresariales, bajo la justificación fiscal, de aumentar la recaudación para las necesidades de defensa y seguridad del país.
Sin embargo, tal como advirtió un legislador, este aumento de la carga fiscal pone a cientos de miles de pequeñas empresas en riesgo de cierre, según lo revelado en un reporte del medio ruso The Moscow Times.
Este panorama fiscal crea una ironía más. Mientras las criptomonedas se adoptan para apuntalar el comercio exterior en un esfuerzo por mantener la estabilidad económica frente a las sanciones, el coste de la guerra se transfiere a los ciudadanos y las empresas domésticas a través de impuestos, contrayendo la actividad interna.
De allí que, la legalización pragmática de las criptomonedas para el comercio exterior es una decisión clave para la supervivencia económica y geopolítica, permitiendo a Moscú sortear las restricciones impuestas por Occidente.
Simultáneamente, la represión interna de las transacciones no reguladas y el aumento de impuestos revelan las prioridades del Kremlin. El control del capital y la lucha contra el cibercrimen son tan importantes como el comercio internacional.