La Unión Europea plantea que solo entre 10 y 15 empresas cripto queden bajo supervisión directa de ESMA

Supervisión europea de criptomonedas y tokenización de activos financieros

El Consejo de la UE alcanza un acuerdo para reforzar la supervisión financiera europea, aunque limita el control directo sobre los proveedores de criptoactivos más importantes. La reforma también pretende impulsar la tokenización mediante una ampliación del régimen piloto DLT.

La Unión Europea ha dado un nuevo paso hacia la integración de sus mercados financieros, pero el resultado es menos ambicioso de lo que inicialmente pretendía la Comisión Europea.

El pasado 9 de octubre, los ministros de Finanzas de los Estados miembros alcanzaron un acuerdo político sobre los elementos esenciales del paquete de integración y supervisión de los mercados, conocido como MISP.

La reforma pretende reducir las diferencias regulatorias entre países y reforzar el papel de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA). Sin embargo, el compromiso introduce una distinción importante para el sector de los criptoactivos: la supervisión directa europea quedaría reservada a los proveedores con mayor actividad transfronteriza.

Según las estimaciones trasladadas a Reuters por responsables europeos, entre 10 y 15 de aproximadamente 360 proveedores de servicios de criptoactivos podrían quedar bajo vigilancia directa de ESMA.

No se trata de una lista definitiva de empresas ni de una norma ya aprobada. La cifra ilustra el alcance limitado del acuerdo político, que deberá continuar su tramitación legislativa.

Europa busca un supervisor común para sus grandes mercados

El objetivo de la reforma es abordar una dificultad conocida del mercado único europeo.

Aunque las empresas financieras operan bajo un marco comunitario, buena parte de su supervisión continúa repartida entre las autoridades nacionales.

Esta estructura puede generar diferencias de interpretación, duplicidades y costes adicionales para las compañías que trabajan en varios países.

La Comisión Europea había defendido un modelo más centralizado, con mayores competencias directas para ESMA.

El Consejo, sin embargo, ha optado por un enfoque gradual y más limitado.

La autoridad europea asumiría la supervisión directa de determinados centros de negociación, cámaras de compensación, depositarios centrales de valores y proveedores de servicios cripto considerados especialmente relevantes por su actividad internacional.

Las demás entidades seguirían sujetas a los mecanismos nacionales de supervisión correspondientes.

Solo una pequeña parte de los operadores cripto cambiaría de supervisor

La diferencia entre las propuestas iniciales y el acuerdo alcanzado es significativa.

La Comisión había planteado un modelo de supervisión directa más amplio para los proveedores de servicios de criptoactivos.

La posición acordada por el Consejo restringe ese traslado a las empresas transfronterizas más importantes.

Reuters cifra el posible grupo afectado en entre 10 y 15 proveedores de un universo aproximado de 360. Es una estimación periodística basada en fuentes oficiales, no una selección publicada por ESMA.

La reforma, por tanto, no significa que el resto de plataformas quede sin regulación.

Todas las empresas a las que resulte aplicable MiCA seguirán obligadas a cumplir sus requisitos, con independencia de que la supervisión directa corresponda a una autoridad nacional o, en el futuro, a ESMA.

La diferencia estará en quién vigila su cumplimiento y adopta determinadas decisiones supervisoras.

MiCA y la supervisión directa no son lo mismo

Esta distinción es esencial para comprender el alcance de la noticia.

MiCA establece un marco regulatorio común para los mercados de criptoactivos en la Unión Europea.

Regula, entre otras cuestiones, la autorización y determinadas obligaciones de los proveedores de servicios.

El paquete MISP aborda una cuestión diferente: cómo se distribuyen las responsabilidades de supervisión entre las autoridades nacionales y ESMA.

Una plataforma no quedaría automáticamente exenta de MiCA por permanecer bajo vigilancia nacional.

Tampoco recibiría una nueva autorización por el simple hecho de pasar a ser supervisada directamente por ESMA.

Lo que se pretende modificar es la arquitectura institucional que aplica las reglas europeas.

Para las compañías que operan en varios Estados miembros, el cambio podría aportar mayor coherencia supervisora.

Pero también exigiría una transición operativa y una coordinación estrecha entre instituciones.

Alemania consigue mantener parte de la supervisión nacional

La negociación ha puesto de manifiesto las diferencias entre los Estados miembros sobre cuánto poder deben transferir a una autoridad europea.

Según Reuters, Alemania defendió que Deutsche Börse permaneciera bajo supervisión nacional.

El compromiso introduce criterios de actividad y presencia geográfica que permiten excluir a determinadas infraestructuras de la vigilancia directa de ESMA.

La reducción del alcance también afecta a otras entidades de mercado y poscontratación.

En España, el acuerdo deja fuera del traslado inicialmente previsto a determinadas infraestructuras vinculadas a BME e Iberclear.

Estas excepciones explican por qué la propuesta final se considera menos ambiciosa que el planteamiento original de la Comisión.

El debate de fondo no es exclusivamente técnico.

También enfrenta dos visiones sobre la integración financiera europea: una supervisión más centralizada o un sistema que preserve mayores competencias nacionales.

La tokenización gana espacio dentro de la reforma

El acuerdo incorpora otra novedad especialmente relevante para la industria blockchain.

El Consejo propone ampliar las posibilidades del régimen piloto europeo de tecnología de registro distribuido, conocido como DLT Pilot Regime.

Este marco permite probar determinadas infraestructuras de mercado basadas en registros distribuidos dentro de un entorno regulatorio controlado.

Su finalidad es facilitar la experimentación con instrumentos financieros tokenizados sin eliminar las garantías exigidas a los mercados de valores.

La nueva posición negociadora busca aumentar el volumen de actividad financiera que puede canalizarse mediante ese régimen.

En la práctica, podría permitir que más operadores desarrollen proyectos de negociación y liquidación de instrumentos tokenizados bajo condiciones supervisadas.

Pero conviene subrayar que la ampliación todavía no está aprobada definitivamente. Su alcance dependerá del texto legislativo final.

Por qué importa a los mercados de activos tokenizados

La tokenización permite representar determinados derechos sobre activos financieros mediante registros digitales.

Entre sus posibles aplicaciones figuran bonos, acciones y otros instrumentos negociables.

Sin embargo, la tecnología por sí sola no resuelve todas las dificultades.

Las entidades necesitan claridad sobre custodia, negociación, liquidación, responsabilidad jurídica y protección de los inversores.

También deben comprobar que sus sistemas pueden interoperar con la infraestructura financiera existente.

El régimen piloto europeo intenta ofrecer un espacio donde examinar estas cuestiones en operaciones controladas.

Ampliarlo podría favorecer la participación de más entidades y ayudar a evaluar si la tecnología proporciona ventajas reales en costes, eficiencia o procesos de liquidación.

Eso no significa que todos los activos vayan a convertirse en tokens ni que la negociación sobre blockchain vaya a sustituir inmediatamente a los mercados tradicionales.

La transición dependerá de resultados operativos, demanda institucional y decisiones regulatorias.

Una transición de dos años para las entidades afectadas

La posición del Consejo contempla un periodo de transición de dos años para las funciones supervisoras que finalmente pasen a ESMA.

Durante ese tiempo trabajarían equipos conjuntos integrados por especialistas europeos y nacionales.

El objetivo sería evitar una transferencia abrupta de responsabilidades y conservar el conocimiento de las autoridades que ya supervisan a las entidades.

El acuerdo también propone crear un órgano ejecutivo permanente dentro de ESMA, formado por una presidencia y cinco miembros independientes a tiempo completo.

Este órgano asumiría funciones operativas y decisiones específicas sobre las entidades directamente supervisadas.

Por su parte, las autoridades nacionales mantendrían participación en la estructura de gobierno y en la coordinación regulatoria europea.

El acuerdo todavía no es una ley

El avance del 9 de octubre constituye una posición política negociadora del Consejo de la Unión Europea.

El texto debe completarse y formalizarse.

Después será necesario negociar con el Parlamento Europeo, una vez que este haya definido su propia posición.

Por tanto, no existe todavía una fecha de entrada en vigor de las nuevas competencias de ESMA ni una relación definitiva de proveedores cripto que quedarían bajo su supervisión directa.

Presentar el acuerdo como una transferencia de poderes ya ejecutada sería incorrecto.

Lo confirmado es la dirección que los Estados miembros desean dar a la negociación.

La Unión Europea avanza, pero mantiene sus diferencias

La reforma refleja una tensión que acompaña desde hace años a la construcción del mercado financiero europeo.

Por una parte, las instituciones quieren reducir la fragmentación y facilitar que las empresas operen en varios países bajo condiciones más homogéneas.

Por otra, los Estados miembros se resisten a perder el control directo sobre determinadas infraestructuras consideradas estratégicas.

El resultado es un compromiso.

ESMA podría ganar competencias sobre los mayores operadores transfronterizos, mientras que la mayoría de las empresas cripto continuaría bajo supervisión nacional.

Al mismo tiempo, la ampliación propuesta del régimen piloto DLT apunta a una mayor apertura hacia los mercados tokenizados.

Europa no está abandonando la integración de los criptoactivos y blockchain en su sistema financiero. Está negociando hasta dónde quiere centralizar su supervisión y con qué velocidad permitirá evolucionar las nuevas infraestructuras.

La siguiente fase dependerá del Parlamento Europeo y del texto definitivo que logren acordar las instituciones comunitarias.

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