Durante una década, el estado de Nueva York ha sido conocido por tener la regulación de criptomonedas más estricta de los Estados Unidos, sin embargo, para los fiscales de Manhattan, la famosa BitLicense —el permiso administrativo que las empresas deben obtener para operar— carecía de un elemento fundamental, que es la capacidad de enviar a los infractores a prisión.
Sin embargo, esa brecha legal comenzó a cerrarse la semana pasada como lo demuestra un comunicado que ha impactado a la industria de los activos digitales, cuando el Fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y el Senador Estatal Zellnor Myrie, presentaron el texto de la Ley CRYPTO (Cryptocurrency Regulation Yields Protections, Trust, and Oversight).
De acuerdo con Bragg, esta propuesta de regulación introducida en Nueva York no busca reemplazar el marco existente de la BitLicense, sino convertirse en su brazo ejecutor, transformando lo que antes eran infracciones administrativas en delitos penales graves.
Para entender el impacto de esta medida, es necesario comprender la jerarquía legal, estadounidense. Desde 2015, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS, «por sus siglas en inglés») ha exigido la BitLicense a cualquier empresa que custodie, transmita o intercambie criptomonedas para residentes del estado.
No obstante, hasta hoy, operar sin este permiso era principalmente una falta civil, por el que las empresas podían enfrentar multas o cierres, pero rara vez consecuencias penales a menos que se probara un fraude directo o lavado de dinero, que son delitos que están en el territorio de leyes de valores más antiguas.
Pero, la Ley CRYPTO cambia las reglas del juego al actuar como un complemento punitivo, porque bajo esta nueva legislación, el simple acto de operar un negocio de criptomonedas sin la BitLicense se convierte en un crimen por derecho propio.
“It is long past time for businesses that operate without a virtual currency license and flout due diligence requirements to face criminal penalties.” – D.A. Bragg. Read in @law360 to learn more about our new bill with @SenatorMyrie: https://t.co/CsgiNPqmzy
— Alvin Bragg (@ManhattanDA) January 16, 2026
“El sistema financiero en la sombra creado por la explosión de las criptomonedas ha facilitado un vehículo ideal para el lavado de dinero”, afirmó el fiscal Bragg durante la presentación de esta ley la semana pasada.
Con esta ley, Nueva York busca alinearse con otros 18 estados que ya criminalizan la transmisión de dinero sin licencia, pero con una severidad que refleja la importancia de Wall Street en la economía global.
El corazón de esta nueva propuesta de Ley CRYPTO radica en su sistema de penas escalonadas, diseñado para diferenciar entre pequeños operadores no registrados y grandes organizaciones criminales, por lo que la legislación introduce cargos que van desde delitos menores hasta felonías de Clase C, cuyo punto de inflexión es la cifra de un millón de dólares.
Si un negocio procesa transacciones por un valor superior a esta cantidad en un periodo de un año sin contar con la licencia estatal, los responsables podrían enfrentar penas de entre 5 y 15 años de prisión estatal.
Esta escala busca desincentivar el modelo de “crecimiento a toda costa” que muchas startups de cripto aplicaron en el pasado, ignorando las regulaciones locales mientras acumulaban usuarios y volumen de transacciones, pero ahora, ignorar el proceso de registro en Nueva York no será visto como un “costo operativo” que se resuelve pagando una multa, sino como un riesgo personal de libertad para los ejecutivos.
La urgencia detrás de esta ley no es teórica, ya que las autoridades citaron casos alarmantes de redes de inversión falsas que han operado impunemente bajo el radar. Un ejemplo destacado por el Departamento de Justicia (DOJ, «por sus siglas en inglés») fue una red que operó entre julio y octubre de 2024, logrando blanquear millones de dólares.
En uno de los casos más dramáticos, una víctima en Misuri perdió más de 16 millones de dólares en un solo esquema de fraude cripto. No obstante, el FBI ha identificado cinco categorías críticas de delitos que esta ley busca atacar mediante la supervisión estricta que exige la BitLicense.
En primer lugar, las Estafas de inversión, que operan desde plataformas ficticias que desaparecen con el capital de los usuarios. En segundo lugar, el ransomware, que funciona mediante el secuestro de datos donde el rescate se exige en cripto. En tercer lugar, el lavado de dinero, que usa los activos digitales para limpiar fondos ilícitos.
En cuarto lugar, el mercado negro, que realiza transacciones de bienes ilegales en la “dark web” y en quinto lugar, la coerción física para ejecutar robos. De hecho, el aumento de robos y ataques donde las víctimas son obligadas a transferir sus activos a punta de pistola, se ha disparado en Nueva York.
Como era de esperarse, la reacción en el sector tecnológico ha sido mixta, ya que por un lado, las empresas que ya poseen la BitLicense (como Coinbase, Gemini o Robinhood) ven la medida con buenos ojos.
Para ellos, que han invertido millones de dólares en cumplimiento normativo y abogados, la ley nivela el campo de juego al castigar a quienes compiten de manera desleal operando “en la sombra”.
Por otro lado, los defensores de la privacidad y las pequeñas empresas emergentes temen que el costo de cumplir con la BitLicense —que puede superar los cientos de miles de dólares anuales— sumado ahora al riesgo de ir a prisión, expulse definitivamente la innovación del estado.
En ese sentido, Nueva York ya ha visto un “éxodo” de empresas y proyectos de criptomonedas en el pasado hacia estados con regulaciones más laxas como Texas o Florida, dejando a esa jurisdicción lejos de productos.
Sin embargo, el senador Zellnor Myrie fue enfático: “Mi proyecto de ley ayudará a proteger a los consumidores y al público en general de fraudes y estafas. No estamos prohibiendo la tecnología, estamos exigiendo responsabilidad”.
Si la Ley CRYPTO se aprueba en la legislatura estatal, Nueva York consolidará su posición como el regulador más formidable del ecosistema cripto, porque ahora con regulación completa en dicha jurisdicción las criptomonedas ya no son un experimento tecnológico exento de las reglas del mundo financiero tradicional.
Para el usuario común, esto significa que la lista de plataformas disponibles en el estado podría reducirse, pero las que queden ofrecerán un nivel de seguridad jurídica sin precedentes, haciendo que la era de la “zona gris” financiera en Manhattan parece haber llegado a su fin, dando paso a una donde el código de software debe rendir cuentas ante el código penal.