Rodney Burton, de 56 años conocido en las redes sociales bajo el alias de «Bitcoin Rodney», se declaró culpable ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland de un cargo de conspiración “para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, derivado de su papel como promotor de la estafa de criptomonedas”, según un comunicado de de este miércoles del Departamento de Justicia (DOJ, «por sus siglas en inglés»).
El anuncio, formalizado por el DOJ, cierra la pinza sobre una de las mayores redes de promoción que alimentó la maquinaria fraudulenta de HyperFund, un entramado multinivel que drenó más de 1.800 millones de dólares de víctimas en todo el mundo.
Burton, de 56 años y con residencias en Miami y el condado de Prince George, Maryland, capituló ante las autoridades federales tras meses de presión judicial, por lo que la declaración de culpabilidad, firmada formalmente el pasado 15 de junio, reduce sustancialmente el peligro legal que pesaba sobre el promotor.
En diciembre de 2025, una acusación enmendada lo había imputado con 11 cargos graves, que incluían fraude electrónico y lavado de dinero, delitos que conllevaban penas de varias décadas tras las rejas.
Al aceptar el cargo menor de operaciones financieras sin licencia, Burton mitiga su exposición a una pena máxima de cinco años de prisión federal, que pudiera ser impartida por el juez federal de distrito Richard D. Bennett, cuando dicte la sentencia definitiva el próximo jueves 23 de julio.
HyperFund, un gigante corporativo que mutó constantemente de piel bajo identidades como HyperTech, HyperCapital, HyperVerse y HyperNation, comenzó su andadura para estafar a incautos a mediados de 2020, hasta que la misma Comisión de Bolsa y Valores (SEC, «por sus siglas en inglés») demandó a los promotores y las personas detrás del esquema fraudulento en 2024.
Su narrativa comercial era magnética, ya que la plataforma ofrecía supuestas “membresías” o suscripciones de inversión que prometían rendimientos pasivos diarios de entre el 0,5% y el 1%, condiciones, bajo las cuales cualquier capital inicial se duplicaría o triplicaría en cuestión de meses.
Para sostener la ilusión de legitimidad ante miles de inversores minoristas, los fundadores del entramado aseguraban que las ganancias provenían de operaciones de minería de criptomonedas a gran escala y de proyectos avanzados de finanzas descentralizadas (DeFi).
Sin embargo, las investigaciones conjuntas de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI, «por sus siglas en inglés») y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, «por sus siglas en inglés») demostraron que tales operaciones mineras eran inexistentes y que sólo eran parte del humo que comerciaban en dicho proyecto.
HyperFund funcionaba como un clásico esquema piramidal de libro de texto, con los retornos de los primeros inversores se pagaban exclusivamente con el capital fresco inyectado por los nuevos reclutas atraídos por la red de mercadeo y así sucesivamente.
Sin embargo, la estructura colapsó de forma definitiva a lo largo de 2021 y principios de 2022, cuando la plataforma bloqueó de manera sistemática los retiros de los usuarios, congelando los ahorros de miles de personas.
El rol de Burton dentro de la organización no era el de un simple participante más, sino el de una figura que hacía el papel de pasarela financiera crítica dentro de las fronteras de los Estados Unidos.
Los documentos del acuerdo de culpabilidad, indican que entre junio de 2020 y enero de 2022, Burton controló y operó una red de empresas de fachada que supuestamente ofrecían servicios de consultoría, pero cuyo verdadero fin era funcionar como transmisores de dinero no registrados para canalizar los fondos de los inversores hacia HyperFund.
Los fiscales federales lograron certificar que Burton recibió personalmente al menos 7.851.711 dólares como resultado de estas operaciones ilegales y que gran parte del capital captado sirvió para financiar un ostentoso estilo de vida en Florida.
Las auditorías del gobierno estadounidense rastrearon más de 600 pagos individuales, que sumaban una cifra superior a los 9 millones de dólares, destinados de manera exclusiva a la adquisición de artículos de lujo, vehículos de alta gama y propiedades.
Debido al volumen de su patrimonio oculto y sus nexos internacionales, un juez federal consideró previamente a Burton como un riesgo elevado de fuga, ordenando su detención preventiva hasta la resolución del caso.
La caída de Burton es solo una pieza dentro de un rompecabezas judicial mucho más amplio que se ventila en las oficinas fiscales de Baltimore, porque el mapa de los acusados principales revela una estrategia de fragmentación por parte del Departamento de Justicia:
Brenda Chunga («Bitcoin Beautee»): Socia de promoción de Burton en la costa este y acusada originalmente bajo el expediente 24-CR-1, Chunga se declaró culpable a principios de 2024 de conspiración para cometer fraude electrónico y de valores.
Un dato procesal crítico se reveló recientemente: su audiencia de sentencia, inicialmente fijada para finales de junio de este año, se pospuso drásticamente hasta el 7 de enero de 2027, como lo indica un comunicado del DOJ de esta misma semana.
En el ámbito penal federal, este tipo de aplazamientos prolongados suele indicar que el acusado está colaborando de forma activa y continuada con las autoridades para sustentar otros casos abiertos.
Sam Lee: El cofundador de HyperFund, de nacionalidad australiana y imputado bajo el expediente 24-CR-21 por orquestar el fraude global de 1.890 millones de dólares, sigue fuera del alcance de la custodia de los Estados Unidos. Lee ha operado históricamente desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, convirtiéndose en el objetivo principal de la División Penal del DOJ.
El desenlace de las pesquisas sobre HyperFund coincide con un entorno de mercado donde los activos principales muestran volatilidad, con Bitcoin cotizando en la línea de los 64.000 dólares. Para los analistas de la industria, el procesamiento de figuras como Burton y Chunga marca un punto de inflexión regulatoria.
Ya no solo se persigue a los programadores o creadores intelectuales de los contratos inteligentes, sino también a la infraestructura de mercadeo, promotores de red e influencers que prestan sus plataformas de comunicación para legitimar estafas financieras.
La Fiscalía Federal del Distrito de Maryland mantiene abiertos los canales institucionales a través de la Unidad de Víctimas y Testigos, instando a los afectados globales a remitir sus declaraciones de impacto patrimonial.
Estos testimonios serán claves para determinar las órdenes de restitución económica y la severidad final de la condena de prisión de Burton el próximo mes, el caso HyperFund pasa así a los registros judiciales como una advertencia explícita: la jerga de la innovación tecnológica no exime del cumplimiento de las leyes bancarias tradicionales.