En el rascacielos de la calle Madison en Nueva York, las declaraciones de Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, han solido ser lapidarias contra el ecosistema de los activos digitales. “El Bitcoin es un fraude”, “las criptomonedas son para criminales”, o que es una “Pet Rock”, etc. Lo mismo, lo ha repetido en foros internacionales a lo largo de años.
Sin embargo, una demanda colectiva federal presentada esta semana en el Distrito Norte de California dibuja una realidad paralela y mucho más incómoda para Dimon, porque mientras el líder del banco más grande de Estados Unidos vilipendiaba la tecnología, sus propios sistemas internos servían como la “infraestructura esencial” para uno de los esquemas Ponzi más agresivos de los últimos años en Estados Unidos.
La demanda, encabezada por el inversor Robby Alan Steele y que representa a más de 2.000 víctimas, pone a JPMorgan en el centro de una tormenta de 328 millones de dólares, producto del esquema Ponzi, operado por ciudadano de Florida a través de su firma Goliath Ventures (anteriormente Gen-Z Venture Firm).
Las autoridades señalaron que los crímenes financieros más sofisticados no siempre ocurren en la “oscuridad” de la blockchain, sino a plena luz del día, bajo la supervisión de las instituciones financieras más poderosas del mundo.
Para entender el esquema Ponzi Goliath Ventures, hay que conocer a su creador, Christopher Alexander Delgado, de 34 años, Apopka, Florida, quien fue arrestado el pasado 24 de febrero en ese mismo estado, tras una operación de la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, «por sus siglas en inglés») y del área de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de EEUU (IRS-CI, «por sus siglas en inglés»).
Las acusaciones de la fiscalía federal contra Delgado, son por fraude electrónico y lavado de dinero. Delgado no vendía una tecnología compleja; vendía el sueño de la rentabilidad imposible porque a través de Goliath Ventures, prometía rendimientos “garantizados” de entre el 3% y el 8% mensual mediante el uso de “pools de liquidez” de criptomonedas.
Para el ojo inexperto, el marketing era impecable, con eventos de lujo, patrocinios benéficos y un portal web que mostraba saldos crecientes de forma diaria. Sin embargo, la investigación criminal del IRS y el HSI reveló que de los 328 millones de dólares recaudados, solo 1,5 millones llegaron realmente a protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) como Uniswap.
El 99.5% restante del capital de los inversores nunca tocó un contrato inteligente; se quedó en el sistema bancario tradicional, siendo utilizado para pagar a inversores anteriores o para financiar el extravagante estilo de vida de Delgado, que incluía propiedades en Dubái y una flota de vehículos de alta gama.
El punto neurálgico de la demanda contra JPMorgan no es solo que el banco fuera utilizado, sino la magnitud de su participación, ya que de acuerdo con los documentos judiciales, el gigante bancario procesó aproximadamente 253 millones de dólares en depósitos vinculados a Goliath entre enero de 2023 y junio de 2025. Es decir, casi el 77% de todo el dinero de la estafa pasó por una sola cuenta del banco que termina en “0305”.
La demanda alega que JPMorgan ignoró sistemáticamente una serie de “red flags” o señales de alerta que habrían hecho que el fraude fuera “evidente” para cualquier oficial de cumplimiento (compliance) medianamente diligente.
Los flujos de efectivo eran circulares y de alta velocidad, característicos de un esquema Ponzi, pero además, el banco permitió la transferencia de 123 millones de dólares hacia el exchange Coinbase, facilitando la salida del dinero hacia activos digitales de difícil rastreo una vez que el esquema comenzó a desmoronarse.
Para los analistas del sector, este caso revive los peores fantasmas de Wall Street. La demanda establece un paralelismo directo con el caso de Bernie Madoff, donde JPMorgan también fue señalado por ignorar señales de alerta masivas a cambio de comisiones. En esta ocasión, la ironía es más ácida debido a la postura pública del banco contra las criptomonedas.
“A pesar del largo historial de críticas de Dimon hacia las criptomonedas —incluyendo su reconocimiento público de que estas se utilizan para el lavado de dinero, el fraude y los ataques de *ransomware*, e incluso su recomendación de que el gobierno debería prohibirlas—, Chase permitió a sabiendas que uno de sus clientes bancarios —Goliath— mezclara los fondos de los inversores dentro de la entidad para destinarlos a inversiones en criptomonedas, y que utilizara los fondos de los inversores más recientes para pagar a los inversores anteriores, siguiendo el patrón clásico de un esquema Ponzi; todo ello mientras Delgado adquiría millones y millones de dólares en automóviles, joyas y bienes inmuebles.”, reza la denuncia.
Este argumento sugiere que el banco pudo haber sido negligente de forma deliberada para no poner en riesgo sus lucrativas relaciones comerciales con plataformas de intercambio de criptomonedas, con las que mantiene alianzas de procesamiento de pagos.
Vale recordar, que el caso de Goliath Ventures no es un evento aislado, ya que de acuerdo a un informe reciente de TRM Labs citado en la investigación, los esquemas Ponzi y piramidales recibieron 6.100 millones de dólares en 2025, un incremento del 49% respecto al año anterior.
Este aumento sugiere que, a medida que el mercado de criptomonedas se vuelve más popular, también lo hacen las arquitecturas de “crimen como servicio” (Crime-as-a-Service) que utilizan la jerga técnica para estafar a inversores minoristas.
La pregunta que queda en el aire, y que el tribunal federal de California deberá responder, es: ¿Hasta qué punto es responsable un banco por la actividad de sus clientes? Si JPMorgan es hallado responsable de “negligencia deliberada”, las consecuencias para el sector financiero podrían ser ejemplarizantes.
De hecho, se obligaría a los bancos a ejercer una vigilancia mucho más intrusiva sobre las cuentas de empresas de inversión, algo que los defensores de la privacidad y los propios bancos han tratado de evitar por años.
Lo importante es que Delgado fue atrapado y se enfrenta ahora a una posible condena de hasta 30 años de prisión federal. No obstante, para las 2.000 víctimas, el castigo penal de Delgado no recupera sus ahorros.
Su esperanza reside en la demanda colectiva contra JPMorgan, buscando que el banco asuma los daños por haber proporcionado el “oxígeno bancario” necesario para que la estafa creciera hasta tales dimensiones.
Por ahora, un portavoz de JPMorgan ha declinado hacer comentarios, una respuesta estándar mientras el litigio avanza. De allí que, es preciso aclarar que el riesgo en el mundo cripto no siempre viene de un hackeo informático o de un error en el código, ya que a veces, el riesgo viene de la pasividad de los guardianes del sistema financiero tradicional.
En este tablero de ajedrez financiero, Goliath ha caído, pero el gigante bancario que lo sostuvo en sus hombros ahora debe explicar por qué, teniendo todas las herramientas para detener el fraude, prefirió mirar hacia otro lado.