Mientras las principales capitales financieras del mundo, desde Singapur hasta Londres, compiten por integrar los activos digitales a sus estructuras bancarias, el Banco de México (Banxico) ha reafirmado una postura de cautela inquebrantable, levantando un muro regulatorio para proteger el sistema financiero nacional de la volatilidad del mercado de criptomonedas.
En su reciente Reporte de Estabilidad Financiera (diciembre de 2025) que fue publicado este miércoles, el Banco Central mexicano ha declarado categóricamente que mantendrá una “sana distancia” entre los activos virtuales (AV) y el sistema financiero tradicional.
Esta postura, lejos de ser nueva, es la consolidación de la política restrictiva establecida desde hace varios años atrás y reafirmada en un comunicado conjunto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el año 2021, que prohibió a bancos e instituciones reguladas ofrecer servicios cripto a sus clientes.
La posición de Banxico es particularmente llamativa si se contrasta con la intensa actividad que el mercado de criptomonedas registra en México, porque ese país ocupa un puesto privilegiado en Latinoamérica en cuanto al uso y adopción de criptomonedas.
El informe de Chainalysis sobre la Adopción Global de 2025 sitúa a México en el tercer lugar de América Latina por volumen de transacciones, con la impresionante cifra de 71.2 mil millones de dólares en transacciones anualmente entre julio de 2024 y junio de 2025.
Esta disociación entre la política regulatoria y la dinámica del mercado revela una paradoja aplastante porque la actividad cripto en México es masiva, pero se desarrolla casi por completo fuera de la esfera de supervisión bancaria.
De allí que, el informe de Banxico minimice este volumen al citar la caída de México en el Índice de Adopción de Criptomonedas de Chainalysis, del lugar 14 al 23. Sin embargo, el volumen absoluto de transacciones demuestra que una parte significativa de la población y el sector institucional están utilizando activos digitales, principalmente como reservas de valor dolarizadas y un mecanismo eficiente para las remesas.
La firmeza de Banxico se basa en una evaluación de riesgos exhaustiva que no ha cambiado sustancialmente en los últimos años, a pesar de la maduración del sector cripto global, el Banco Central sigue enumerando preocupaciones que van más allá de la volatilidad de precios.
Señala que existe un Riesgo Legal y Monetario, porque los activos virtuales carecen de estatus de curso legal y no son reconocidos como divisas, por lo que son clasificados formalmente como instrumentos especulativos que no responden a fundamentos económicos.
También señalan que existe un Riesgo Sistémico de Stablecoins, ya que Banxico ve el auge global de estos activos virtuales como una amenaza potencial, advirtiendo que si su emisión y uso se expanden sin un marco regulatorio internacional armonizado, podrían introducir riesgos de contagio y desestabilización al sistema financiero.
Incluso manifiestan que hay un Riesgo de Integridad Financiera, porque persisten las preocupaciones sobre el cuasi-anonimato y la facilidad de los activos virtuales para ser utilizados en operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), un área donde la colaboración internacional según Banxico aún es insuficiente.
Igualmente, el banco central mexicano advierte que existe un Riesgo Operacional y de Ciberseguridad, por los riesgos asociados a la tecnología, incluyendo vulnerabilidades asociadas a los ciberataques y el fraude, los cuales son considerados por Banxico cómo “significativos”.
La postura de México marca una diferencia estratégica con respecto a sus vecinos latinoamericanos, porque mientras que El Salvador adoptó Bitcoin como moneda de curso legal y Brasil ha avanzado significativamente en la regulación formal (como la Ley de Activos Virtuales BVAL de 2022/2023), México se mantiene en la trinchera de la precaución.
De hecho, esta diferencia de posturas se refleja en la evolución de los marcos regulatorios regionales: Brasil por ejemplo, ha implementado regulaciones claras y se espera que continúe con consultas para formalizar aún más el sector, impulsando el crecimiento institucional (según Chainalysis, Brasil lidera la región con 318.8 mil millones en volumen).
Pero México manifiesta que prioriza la estabilidad sobre la innovación regulatoria, optando por esperar la creación de un marco regulatorio internacional homogéneo antes de considerar la integración.
Banxico dijo que la integración de los activos digitales al sistema financiero regulado solo será considerada cuando se logre la máxima seguridad, lo cual implica la adopción del principio “mismo riesgo, misma regulación” a escala global. En otras palabras, los mexicanos se subirán de último al barco cripto.
Por lo pronto, para los usuarios e inversionistas mexicanos, la restricción de Banxico no ha frenado la adopción, y consideran que el mercado continuará su desarrollo en el denominado “sector Fintech no bancario”, principalmente a través de criptointercambios locales e internacionales que operan con licencias de la Ley Fintech, pero que están legalmente limitados en su interacción con el sistema bancario tradicional.
La política de Banxico, si bien criticada por frenar la innovación, garantiza a corto y mediano plazo que el sistema bancario mexicano permanecerá inmune a las turbulencias de un mercado cripto global que aún es percibido por un sector del TradFi como una industria inmadura y peligrosamente volátil.
El muro al menos del lado mexicano se mantiene firme, esperando el día en que la regulación global proporcione la solidez necesaria para derribarlo.