La Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA, «por sus siglas en inglés») ha puesto en marcha un ambicioso plan de reforma que busca redefinir la seguridad, la confianza y la integridad del mercado de criptoactivos en el país.
De hecho, hace dos semanas atrás la FSA, alertó que en el país “los daños causados por el acceso no autorizado y las transacciones fraudulentas en los servicios de comercio por Internet están aumentando rápidamente”, por lo que sugirió una serie de medidas de seguridad.
Sin embargo, este miércoles la FSA ha ido más allá, ya que en un borrador de informe del Consejo del Sistema Financiero que, obligará a estas empresas establecer reservas de responsabilidad de emergencia, creando un colchón financiero destinado a compensar a los usuarios de manera expedita tras un ciberataque o un fallo operativo significativo.
Esta medida, que se perfila como una de las más estrictas a nivel mundial, eleva drásticamente el costo de operar en el mercado japonés, pero promete establecer un estándar de protección sin precedentes para los 12 millones de cuentas de criptoactivos registradas en el país.
El documento original en japonés “金融審議会 暗号資産制度に関するワーキング・グループ報告(案)” que se traduce como “Informe (Borrador) del Grupo de Trabajo sobre el Sistema de Criptoactivos del Consejo del Sistema Financiero”, define nuevas líneas regulatorias para el ecosistema cripto que priorizan la seguridad del usuario por encima de la expansión sin control.
Concretamente, la sección más destacada del informe aborda la “Garantía de la Seguridad” como un “problema urgente” que requiere una respuesta inmediata, tras una dolorosa serie de incidentes con criptointercambios, tanto en Japón como en el extranjero, que han demostrado la insuficiencia de las regulaciones existentes.
A pesar de que Japón ya exigía a los criptointercambios mantener los activos de los usuarios separados y, en su mayoría, en cold wallets (billeteras frías), el ciberataque de DMM Bitcoin en mayo de 2024, que resultó en una pérdida de 48.2 mil millones de yenes (cerca de 312 millones de dólares), demostró que las vulnerabilidades podían encontrarse en los socios externos y proveedores de servicios.
Es por ello, que la solución que propone el Grupo de Trabajo de la FSA, es contundente y múltiple, diseñada para evitar que las víctimas queden atrapadas en disputas legales prolongadas, sin que vuelvan a ver sus fondos en meses o años.
La FSA, propone la creación de los Fondos de Reserva de Responsabilidad Obligatorios, que todos los criptointercambios y proveedores de servicios cripto clave deben establecer y mantener, a través de un fondo de reserva de responsabilidad (o fondo de emergencia) dedicado.
Este capital segregado actuaría como un seguro de primera línea, permitiendo la compensación rápida de los usuarios afectados por pérdidas debido a salidas no autorizadas de activos, fallos del sistema o actos de terceros.
Al exigir que este capital esté disponible y listo para su uso, la FSA busca minimizar el impacto financiero y reputacional de futuros incidentes relacionados con ciberataques hacia criptoempresas en Japón.
Además, se está estudiando introducir Regulaciones de Patrimonio Neto y Seguros, que será una medida adicional a los fondos de reserva. De hecho, el borrador sugiere estudiar la exigencia de que los criptointercambios mantengan ciertos niveles de patrimonio neto y que contraten seguros específicos.
Estas medidas combinadas crearían una triple capa de protección: capital propio robusto, seguro privado y fondos de compensación dedicados, lo que alinea a Japón con tendencias observadas en jurisdicciones como la Unión Europea y Hong Kong.
No obstante, este informe no se detiene en los criptointercambios porque aborda una de las mayores debilidades del ecosistema, que es la falta de supervisión sobre las empresas de custodia y los proveedores de software externos que manejan las operaciones de los clientes.
El plan de la FSA exigirá que cualquier empresa que custodie o gestione criptoactivos para un criptointercambio esté oficialmente registrada ante el gobierno y cumpla con los mismos estándares de seguridad que las plataformas reguladas.
Esta medida se percibe como la clausura definitiva de la “laguna Ginco” (en referencia al proveedor externo implicado en el ciberataque de DMM Bitcoin) y garantiza que la cadena de seguridad se extienda a todos los eslabones que manipulan los activos de los usuarios.
Más allá de la seguridad operativa, el informe del Grupo de Trabajo dedica secciones cruciales a fortalecer la integridad del mercado, un paso necesario para atraer a las grandes instituciones financieras que Japón busca integrar.
Incluso, dos puntos son fundamentales en este apartado, son por un lado la Regulación del Insider Trading (Uso de Información Privilegiada), que se establecería por primera vez en ese país, presentando un marco regulatorio detallado para el uso de información privilegiada en el sector cripto.
El borrador define un panorama integral para la regulación del insider trading, enfocándose en “hechos importantes” relacionados con los emisores de criptoactivos centralizados, como por ejemplo, la quiebra del emisor o el descubrimiento de un riesgo de seguridad grave y no divulgado.
La regulación prohibirá las transacciones (compra, venta, intercambio) de criptoactivos a cualquier persona que tenga conocimiento de estos hechos no públicos, para buscar equiparar la negociación de activos digitales con la de valores tradicionales, sentando las bases de un mercado justo.
Por el otro, se establecería la Regulación de la Información al Inversor, con la finalidad de garantizar que los inversores puedan tomar decisiones informadas, por lo que el informe exige un endurecimiento de las normas de divulgación.
Un aspecto técnico, pero vital, del borrador discutido por el Consejo del Sistema Financiero japonés, es la propuesta de utilizar el marco de la Ley de Instrumentos Financieros y Cambio (Kinsho-ho) para ciertos criptoactivos.
Esta medida busca clasificar algunos tokens no solo bajo la Ley de Servicios de Pago (que históricamente ha regulado a los criptointercambios), sino también bajo la ley de valores, lo que permitiría aplicar un régimen regulatorio más estricto y familiar para los inversores institucionales, facilitando así la entrada de bancos y fondos de inversión al espacio cripto.
La visión de la FSA busca convertir a Japón en un centro cripto global, no a través de la permisividad, sino mediante la construcción de un mercado seguro, predecible y altamente regulado.
Las nuevas normativas de reservas de responsabilidad y la persecución del insider trading muestran que el mercado japonés de activos digitales está madurando y exigirá una profesionalización total de todos sus participantes.
Además, con la legislación apuntando a una implementación para 2026, los criptointercambios japoneses tienen por delante un período de transición para ajustar sus modelos de negocio, reforzar sus estructuras de seguridad y, sobre todo, acumular el capital de reserva necesario.
De cara a los usuarios, el futuro regulatorio en Japón se presenta con una capa de seguridad y confianza institucional que podría cambiar la percepción de los activos digitales en el Lejano Oriente.