En los pasillos de la Comisión de Servicios Financieros (FSC, «por sus siglas en inglés») en Seúl, el ambiente es de determinación, ya que las autoridades financieras, están trabajando en el desarrollo de políticas futuras, bajo el tema de “perseguir una reforma radical de las finanzas, fomentar una economía justa y construir bases sólidas para impulsar un gran despegue de la economía”.
En otras palabras, el FSC, está trabajando en una profunda reforma financiera para impulsar un gran despegue de la economía coreana. Dentro de esos planes, en el pasado mes de diciembre el presidente de la Comisión de Servicios Financieros, Lee Eog-weon, presentó una reforma integral del sector financiero “para que sea más productivo, inclusivo y confiable”.
Dentro de estos planes de transformación del sector financiero, este martes las autoridades del FSC, decidieron que buscarían acelerar la transformación de Corea del Sur en el epicentro global de la adopción de activos digitales, por lo que ha entrado en una fase de madurez regulatoria algo forzada a criterio de muchos usuarios cripto en ese país.
Y es que, tras años de lidiar con el fenómeno del “Kimchi Premium” y esquemas de manipulación que han dejado cicatrices en los ahorros de miles de ciudadanos, el gobierno surcoreano se prepara para apretar el gatillo de una de las medidas más polémicas y potentes de la historia financiera moderna, la congelación preventiva de cuentas de criptomonedas, según informó el diario local factinnews.co.kr.
Durante años, la narrativa del ecosistema cripto fue la de la velocidad y la desintermediación, pero sin embargo, para los reguladores, esa misma velocidad ha sido su mayor obstáculo, por lo que bajo el marco legal actual, cuando un sistema de monitoreo detecta un patrón de wash trading (compras y ventas falsas para inflar el volumen) o un pump and dump, las manos de las autoridades están atadas.
La necesidad de obtener una orden judicial crea una ventana de tiempo —a veces de horas, a veces de días— que los actores ilícitos aprovechan para mover fondos a billeteras privadas o mezcladores de activos, borrando el rastro antes de que el mazo de la justicia pueda caer.
Pero en la reunión de la FSC, los miembros proponen un cambio de paradigma: actuar primero y preguntar después. Inspirándose en las enmiendas de la Ley de Mercados de Capitales que entraron en vigor en abril de 2025 para el mercado de valores tradicional, los reguladores buscan la autoridad para suspender transacciones de forma inmediata ante la mera sospecha razonable de abuso de mercado.
Al contrario de lo que muchos crean, Corea del Sur no es país un novato en la regulación. En julio de 2024, el país implementó la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales (Fase 1), que obligó a los criptointercambios a asegurar los depósitos de los usuarios y separar los fondos operativos de los de los clientes.
Este paso, fue visto como necesario para evitar colapsos al estilo FTX, pero al fin y al cabo fue una medida defensiva. Pero ahora, la “Fase 2”, que se está gestando en este inicio de 2026, es puramente ofensiva, ya que no se trata solo de que el criptointercambio sea solvente, sino de dictar quién puede mover su dinero y bajo qué condiciones.
Las autoridades han identificado tácticas específicas que ya no serán toleradas: la venta anticipada basada en información privilegiada, el uso de bots para el lavado de activos automatizado y la colocación de órdenes de compra masivas para crear una falsa sensación de demanda.
Para los criptointercambios locales como Upbit, Bithumb, Coinone y Korbit, esta medida representa un arma de doble filo, ya que por un lado, la capacidad de congelar cuentas sospechosas les quita la responsabilidad ética de permitir que el fraude ocurra en sus plataformas, mientras que por otro lado, los convierte en el brazo ejecutor directo del Estado.
Expertos legales en Seúl sugieren que los intercambios tendrán que enfrentarse a un dilema de confianza. Si un usuario legítimo ve su cuenta congelada preventivamente debido a un falso positivo de un algoritmo, la fricción resultante podría dañar irreparablemente la reputación del criptointercambio.
No obstante, la presión es máxima, porque la FSC ha sugerido incluso imponer una responsabilidad a nivel bancario, exigiendo que las plataformas compensen a los usuarios por pérdidas derivadas de fallas del sistema o ataques informáticos, incluso si no hubo negligencia directa por parte de la empresa.
Adicionalmente, uno de los puntos más disruptivos de la ofensiva surcoreana es la advertencia del Servicio Nacional de Impuestos (NTS, «por sus siglas en inglés»). Y es que, históricamente, se creía que mantener criptoactivos en una cold wallet (dispositivo físico fuera de línea) era la garantía definitiva de privacidad y control.
El problema es que, el NTS ha desmitificado esta idea, afirmando su autoridad para realizar registros domiciliarios y confiscar físicamente estos dispositivos en casos de evasión fiscal o sospecha de lavado de dinero.
Esta postura envía es señal que, el anonimato ya no es una opción dentro de las fronteras surcoreanas. La integración de los criptointercambios con la alianza CODE VASP, que garantiza el cumplimiento de la “Regla de Viaje” (Travel Rule), significa que cada satoshi tiene un nombre y un apellido vinculado.
Ante esta ofensiva de las autoridades de la FSC, el debate en las cafeterías de los distritos financieros de Gangnam es intenso, ya que según los defensores de las medidas argumentan que esto es exactamente lo que el mercado necesita para atraer a los inversores institucionales.
“Nadie quiere jugar en un casino donde las cartas están marcadas”, es el comentario más escuchado en las discusiones. Para que las criptomonedas sean tratadas como una clase de activo legítima, deben aceptar las reglas del juego de los activos legítimos.
Sin embargo, los puristas seguidores y entusiastas de Bitcoin ven esto como una traición al espíritu original de la tecnología. La posibilidad de que un burócrata pueda bloquear el acceso de una persona a su patrimonio sin una condena previa es, para muchos, un precedente peligroso que acerca a Corea del Sur a modelos de control financiero mucho más autoritarios.
Lo que suceda en Seúl en los próximos meses será observado de cerca por la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Singapur, ya que Corea del Sur actúa a menudo como un laboratorio de pruebas para políticas tecnológicas.
Si la congelación preventiva logra reducir drásticamente los índices de fraude sin colapsar el volumen de comercio, es muy probable que veamos propuestas similares en el Parlamento Europeo o en el Congreso estadounidense antes de que termine el año.
Por ahora, el mercado se mantiene en vilo. La propuesta aún debe formalizarse y pasar por el escrutinio legislativo, pero la arremetida del FSC parece dejar en claro que la era de la “libertad absoluta” en el mercado de activos virtuales coreano está llegando a su fin, dando paso a una era de vigilancia institucional sin precedentes.
Algunos usuarios de criptomonedas surcoreanos han señalado que su país ha evaluado tanto como actuar en la defensa y protección de los inversores, que poco importa si termina imponiendo un sistema de vigilancia estatal, al mejor estilo de los países autocráticos.
Al alinear la supervisión de las criptomonedas con los mercados de valores tradicionales, el país está enviando una señal de advertencia a los manipuladores, pero también está planteando preguntas profundas sobre el futuro de la propiedad digital.
No cabe duda, que poco importa para las autoridades del gobierno surcoreano, los fundamentos libertarios sobre los cuales se creó el ecosistema cripto, ya que están decididos a poner fin a la manipulación del mercado a como dé lugar.