La semana pasada, según un reporte del medio Vedomosti, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó una ley que regula la circulación de las criptomonedas, en la cual se transfiere el control sobre el registro de mineros del Ministerio de Desarrollo Digital directamente al Servicio de Impuestos Federales (FTS, «por sus siglas en ruso»).
Además, otras agencias, más allá del Servicio Federal de Monitoreo Financiero (Rosfinmonitoring), tendrán acceso a direcciones de identificadores de moneda digital, como parte de una medida de reforzamiento de las capacidades de control y rastreo de las agencias de cumplimiento de la ley de la Federación Rusa.
En concreto, los mineros están obligados a notificar a Rosfinmonitoring, sus ingresos y los datos específicos de sus tenencias de activos digitales. Una información que ahora es compartida entre varios organismos rusos.
Supuestamente, por un lado el objetivo primordial es la identificación temprana de transacciones que puedan tener vínculos con organizaciones y grupos dedicados al lavado de dinero o actividades de financiación del terrorismo dentro de Rusia.
Mientras que por el otro, se busca que las autoridades rusas conozcan mejor el ecosistema de las criptomonedas dentro del país, a fin de garantizar que todas las operaciones mineras y bancarias se ajusten a la legislación rusa.
El documento publicado en el portal de actos jurídicos del gobierno ruso, también queda expresamente entendido que el FTS, tendrá la potestad de excluir a empresarios individuales y las empresas del registro de mineros por infracciones en el plazo de un año, ya que este registro, permite la inclusión de empresarios individuales y personas jurídicas.
Por otro lado, las personas naturales, de acuerdo a la ley tienen posibilidad de minar activos digitales, sin necesidad de estar incluidas en el registro, sólo se estas personas se ajustan a ciertos límites de consumo de electricidad.
Como se recordará, durante el pasado mes de agosto, el presidente de Rusia, firmó una ley para legalizar la minería de criptomonedas en ese país, estableciendo que sólo las personas jurídicas rusas y los empresarios individuales incluidos en un registro tenían derecho a llevar a cabo, operaciones de minería, como fue informado en la agencia de noticias gubernamental, TASS.
Dicha ley introdujo por primera vez en la legislación rusa, conceptos totalmente nuevos como minería de moneda digital, pool de minería, operadores de la infraestructura minera, identificadores de dirección y organizadores del pool de minería, entre otras definiciones.
Sin embargo, tras poco más de dos meses activa, la ley ha sido objeto de cambios para regular aún más el sector y sus usuarios. Básicamente, este marco regulatorio de la minería de criptomonedas, ha sido diseñado para ampliar el control del Gobierno de la Federación de Rusia, a través de las restricciones regionales, regulaciones más estrictas de infraestructura y mejor monitoreo de transacciones digitales y financieras.
La supervisión gubernamental ha sido significativamente ampliada en todo lo que tienen que ver con las actividades de minería de criptomonedas y la infraestructura relacionada en todo el país, que de acuerdo a algunos expertos, es sólo un paso hacia un mayor control estatal sobre las criptomonedas que pudiera llegar en 2025-2026, a medida que la economía rusa se deteriora por las sanciones y los efectos de la Guerra con Ucrania.
La nueva legislación, que tendrá efecto a partir de este 1 de noviembre, no sólo está diseñada para un mejor control fiscal de las personas dedicadas a la minería, sino también para imponer limitaciones a esta actividad, conforme lo requieran las autoridades regionales.
De allí que, la Ley federal del 25 de octubre de 2024 No. 349-FZ, “Sobre modificaciones de determinados actos legislativos de la Federación de Rusia”, firmada por Putin, incluya medidas que facilitan al gobierno ruso implementar restricciones de minería por ubicación y definir procedimientos y circunstancias específicas para prohibir operaciones mineras.
Asimismo, el nuevo marco regulatorio brinda la autoridad al gobierno, de detener el funcionamiento de grupos de minería de monedas digitales en ciertas áreas específicas del país, además, de regular los proveedores de infraestructura que soportan operaciones mineras.
De hecho con esta ley, el Gobierno de la Federación de Rusia ha sido autorizado para prohibir la minería en regiones específicas y sus territorios individuales, así como también la posibilidad de determinar el procedimiento y los casos para introducir tales restricciones con total discrecionalidad, prohibiendo la participación en un pool de minería en particular.
Este control es el resultado de la necesidad de una regulación legislativa de la minería de criptomonedas, que había sido anunciada el pasado 7 de julio por el mandatario ruso, quien dijo, que un aumento descontrolado del consumo de electricidad para la minería de criptomonedas puede provocar una escasez de energía en determinadas regiones.
Putin, fue enfático en ese momento para advertir que la minería de criptomonedas puede funcionar prácticamente en cualquier lugar del planeta, donde exista acceso a una fuente de energía estable. Sin embargo, para llevarla a cabo se necesita mucha electricidad, lo que pudiera afectar otros servicios y usuarios.
No obstante, algunos críticos dicen que los alcances de la ley tienen objetivos más profundos que simplemente, controlar la demanda eléctrica en el país o de lograr una demanda correctamente distribuida en el sistema y creen que tiene que ver con la forma en que Rusia usa las criptomonedas para compras en el extranjero para evitar las sanciones.
En ese sentido, a finales de septiembre en el canal de YouTube de Chainalysis, la empresa de análisis blockchain, publicó un podcast donde, Ian Andrews, CMO de Chainalysis, Valerie Kennedy, directora de soluciones de inteligencia, internacional de Chainalysis y Andrew Fierman, director de inteligencia de seguridad nacional de esa empresa, conversaron sobre los pasos que está dando Rusia hacia la criptoeconomía para evadir las sanciones occidentales.
En el podcast, se discutió también cómo algunos cambios legislativos importantes, entre ellos la legalización de la minería de criptomonedas y la autorización del uso de criptomonedas para pagos internacionales, han convertido a las plataformas de criptomonedas autorizadas como Garantex, en una vía usada por el gobierno para evadir las sanciones de Estados Unidos y Europa.
Además, abordaron el creciente uso de Telegram para actividades ilícitas y las implicaciones globales de su interferencia electoral, sus tácticas disruptivas en contra de estos dos actores, así como sus campañas políticas para difundir propaganda con influencers estadounidenses, canalizados desde empresas de medios afiliadas a Rusia.
Por lo que, no es de extrañar que Rusia esté haciendo cambios a lo interno, para controlar eficientemente a través del estado, la minería, el acceso a las criptomonedas, así como también el movimiento de los flujos de criptomonedas en sus operaciones internacionales, tal y como ya lo había venido advirtiendo Chainalysis.