La semana pasada, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en un comunicado señaló que amplió sus Directrices sobre factores de riesgo de lavado de dinero (LD) y financiación del terrorismo (FT) a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP, «por sus siglas en inglés»).
Tras el cambio, de las Directrices de la ABE, se destacan “los factores de riesgo de LD/FT y las medidas de mitigación que los CASP deben considerar, lo que representa un importante paso adelante en la lucha de la UE contra los delitos financieros”.
La ABE es una autoridad independiente de la UE que trabaja para garantizar un nivel efectivo y coherente de regulación y supervisión prudencial en todo el sector bancario europeo, que tiene por objeto, mantener la estabilidad financiera en la Unión Europea (UE) y velar por la integridad, la eficiencia y el correcto funcionamiento del sector bancario.
Esta autoridad bancaria, forma parte del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF), compuesto por la ABE junto a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ), por lo que posee una esfera de control bastante amplia de los bancos en la UE.
De hecho, este sistema también abarca a la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), así como al Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión y las autoridades nacionales de supervisión.
Ahora, la ABE junto a la JERS y el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), se encargará de examinar los fondos de cobertura, el capital de riesgo y las plataformas de criptomonedas para descubrir estas conexiones a fin de encontrar los factores de riesgo asociados.
Las nuevas Directrices que modifican las Directrices EBA/2021/02 “sobre la debida diligencia del cliente y los factores que las instituciones financieras y de crédito deben considerar al evaluar el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo asociado con relaciones comerciales individuales y transacciones ocasionales (‘Directrices sobre factores de riesgo de LA/FT’) en Artículos 17 y 18, apartado 4, de la Directiva (UE) 2015/849”.
De acuerdo al comunicado, la ABE señala que es posible abusar de los CASP con fines delictivos en la esfera financiera, incluidos el lavado de dinero y la financiación al terrorismo, que actualmente por razones obvias está siendo perseguido en todo el mundo con alta prioridad.
Según la autoridad bancaria de la UE, debido a que estos riesgos pueden aumentar, por la “velocidad de las transferencias de criptoactivos o porque algunos productos contienen funciones que ocultan la identidad del usuario”, se requiere que “los CASP conozcan estos riesgos y establezcan medidas que los mitiguen de manera efectiva”.
De allí que, la ABE creó enmiendas a las Directrices para ayudar a los CASP a identificar estos riesgos proporcionando una lista no exhaustiva de diferentes factores, que pueden indicar la exposición del CASP a niveles más altos o más bajos de riesgo de LD/FT debido a sus clientes, productos, canales de entrega y ubicaciones geográficas.
Basados en estos factores de riesgo, se espera que los CASP puedan desarrollar una comprensión de su base de clientes e identificar qué parte de su negocio o actividad es más vulnerable al LD/FT, cuyo riesgo a su vez, se puede trasladar hacia el sistema financiero debido a la interdependencia entre la banca y estos proveedores criptográficos.
Es por ello, que estas Directrices también brindan información a los CASP, acerca de cómo deben ajustar sus medidas de mitigación de riesgos, incluido el uso de herramientas de análisis de blockchain.
Del mismo modo, las nuevas Directrices también incluyen orientaciones dirigidas al sector financiero, donde algunas instituciones financieras y de crédito tienen a los CASP y otras instituciones financieras no bancarias (IFNB) como clientes y o que están expuestas a criptoactivos.
Un riesgo que según la ABE “aumenta cuando las entidades financieras y de crédito entablan relaciones comerciales con proveedores de servicios de criptoactivos que no están autorizados en virtud del Reglamento (UE) 2023/1114”.
José Manuel Campa, presidente de la ABE, en una entrevista con el Financial Times el pasado 3 de enero, señaló que esa autoridad, investiga las interconexiones bancarias y no bancarias en busca de riesgos asociados que puedan contagiar el sector financiero.
Campa, apoya la idea de que se lleva a cabo un rastreo exhaustivo de la “cadena subyacente en las instituciones financieras no bancarias”, con la finalidad de comprender a fondo el potencial de contagio entre instituciones bancarias y no bancarias en situaciones de estrés.
En sus propias palabras: “Deberíamos hacer más y vamos a hacer más. Necesitamos comprender toda la cadena subyacente en las IFNB”, por lo que reveló que la ABE, ha estado evaluando las exposiciones del balance de los bancos a entidades no bancarias, incluyendo préstamos para encontrar los posibles riesgos y puntos de contagio.
El presidente de la ABE, considera que las IFNB representan un “sector oscuro” con datos de calidad “no homogénea” que representan un riesgo en sí mismas, por lo que es preciso tomar estas medidas de control.
La ABE con esta ampliación del alcance de las Directrices sobre factores de riesgo de LD/FT, buscó armonizar las reglas que los CASP que en toda la UE deben adoptar, al implementar el enfoque basado en el riesgo para la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo como parte de su negocio.
Tras la publicación de las traducciones a las lenguas oficiales de la UE, se otorga un plazo de dos meses para que las autoridades competentes informen si cumplen las Directrices de la ABE. Sin embargo, las Directrices modificadas se aplicarán a partir del 30 de diciembre de 2024.
De acuerdo a estimaciones del CEF, el valor total de los activos manejados por las IFNB en 2022 se acercó a los 217,9 billones de dólares, constituyendo aproximadamente el 47,2% del total de activos mundiales, mientras que la banca tradicional posee alrededor de 183 billones de dólares.
Este es un gran tamaño a pesar que el sector de IFNB sufrió una disminución en 2022, “la primera disminución notable desde 2009”, estimada en un 5,5% en comparación con 2021, que según el CEF puede atribuirse en gran medida al impacto de las tasas de interés más altas, aunque algunos analistas, también lo atribuyeron al criptoinvierno y los colapsos de varias de las criptoempresas más importantes del mundo.
Asimismo, Campa manifestó su rechazo al cabildeo que están haciendo los bancos europeos en el Parlamento Europeo para obtener una extensión de seis meses de las últimas reformas globales de capital bancario, que llevarán a alinear las reglas de la UE con las de Estados Unidos y el Reino Unido.
Campa dijo al medio FT: “La ley dice enero de 2025, así que por supuesto deberían hacer planes para implementarla [en esa fecha]”. Además señaló que el paquete final de Basilea, que aún se mantiene en debate en Estados Unidos no se puede “seguir retrasando”.
De igual forma, el presidente de la ABE criticó la presión que están ejerciendo los bancos europeos para que los legisladores del Europarlamento, consideren flexibilizar el límite de las bonificaciones posteriores a la crisis, luego que la medida fuera abolida recientemente en el Reino Unido.
“La parte realmente importante es asegurarnos de que esos bancos nos garanticen que esas bonificaciones están muy bien integradas en la gestión de riesgos de las instituciones”, agregó Campa.
Sin duda este año, se vislumbra como un año bastante importante para la adecuación operativa y normativa de los CASP con clientes en la UE, Estados Unidos y Reino Unido, ya que de lo contrario podrían quedar fuera del negocio.