La criptoindustria será regulada en California para el 2025

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El pasado viernes, el gobernador de California, Gavin Newsom, en un comunicado dijo que aprobó un proyecto de ley sobre criptomonedas, que impondrá normas más estrictas a las empresas que realizan operaciones con criptoactivos en ese estado.

De acuerdo con Newsom, el Proyecto de Ley 39 de la Asamblea, que establece la “Digital Financial Assets Law” (Ley de Activos Financieros Digitales), entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2025.

Dicho proyecto de ley requiere que el Departamento de Protección e Innovación Financiera (DFPI, «por sus siglas en inglés») de California desarrolle un marco regulatorio sólido para las criptoempresas en ese estado.

Esta nueva ley impondrá obligaciones tanto a particulares como a empresas para obtener una licencia del DFPI, para realizar actividades comerciales con activos digitales. Además, tiene la autoridad “para elaborar normas y un plazo de implementación de 18 meses para garantizar que el marco regulatorio adoptado pueda adaptarse cuidadosamente para abordar las tendencias de la industria y mitigar el daño a los consumidores”, dice el comunicado del gobernador.

El marco que deberá crear el DFPI, incluirá tanto las reglas de las licencias como la autoridad encargada de aplicación de la Ley, que velará por el cumplimiento de la normativa, para ciertas actividades criptográficas.

En consecuencia, se prevé que el Proyecto de Ley 39 de la Asamblea de California, obligue a las criptoempresas a cumplir los requisitos de concesión de licencias, mantener registros financieros, y proporcionar a los reguladores la autoridad para llevar a cabo auditorías en estas criptoempresas.

Además el gobernador Newsom, pidió crear un enfoque “claro e integral para regular el mercado de activos digitales” en California, que permita “una mayor protección de los consumidores y los inversores”, “evitará el fraude y garantizará que los actores” de las criptoempresas rindan cuentas.

Este mensaje del gobernador es en clara alusión a lo que sucedió con el criptointercambio FTX y con Alameda Research, ya que esta firma comercial tenía fue registrada inicialmente en la ciudad de Berkeley, California y posteriormente, mudó su sede principal a Hong Kong.

De acuerdo al testimonio de Ellison de la semana pasada, la empresa Alameda Research, que fue fundada en el 2017 por Samuel “Sam” Bankman-Fried, alias «SBF», Caroline Ellison y otros ex empleados de Jane Street, a finales del verano de 2022, canalizó más de 14 mil millones de dólares de clientes de FTX, sin su conocimiento o consentimiento expreso, para tapar las malas prácticas de su directiva.

Esta ley fue escrita por el Presidente de Banca y Finanzas de la Asamblea de California, Timothy Grayson y en coautoría con el Presidente pro Tempore del Senado, Toni G. Atkins, de Banca y Finanzas del Senado, así como también por la presidenta de Instituciones, Monique Limón, y la asambleísta Cottie Petrie-Norris, todos miembros del partido demócrata de Estados Unidos.

En el comunicado del asambleísta Grayson, se señala que “el uso de criptoactivos ha aumentado significativamente en los últimos años, pero la naturaleza poco regulada del ‘salvaje oeste’ de este mercado ha dejado a los consumidores de California vulnerables al fraude, el uso de información privilegiada y otros comportamientos nefastos”.

Y agrega: “Entre 2021 y 2022, DFPI experimentó un aumento del 238% en las quejas de los consumidores relacionadas con las criptomonedas. Según la Oficina Federal de Investigaciones, ese mismo año el fraude en criptomonedas aumentó de 900 millones de dólares a 2,57 mil millones de dólares, un aumento del 183%”.

Este Proyecto de Ley 39 de la Asamblea de California, es visto como “un proyecto de ley complementario del Proyecto de Ley del Senado 401 (Limón y Atkins), que establecerá un marco regulatorio para los quioscos criptográficos, una parte de la industria criptográfica plagada de fraude y abuso”, dice el comunicado del asambleísta Grayson.

“Los quioscos criptográficos son máquinas similares a cajeros automáticos que permiten a los consumidores comprar criptomonedas como Bitcoin. Sin embargo, estas máquinas cobran tarifas exorbitantes y son centros de actividad delictiva, estafas y fraude al consumidor”, agrega el mismo comunicado.

Este Proyecto de Ley 39 nace de la necesidad de tener la capacidad de controlar y fiscalizar las criptoempresas, debido a que los californianos perdieron varios miles de millones de dólares en 2022, gracias a fraudes y problemas para retirar su dinero en varias empresas registradas en esa jurisdicción en ese mismo año.

Por ello, se creó un marco legal específico que cuenta con el apoyo de la Federación de Consumidores de California. De hecho, California quería tener una ley que permita emitir licencias para operar en ese estado, tal y como lo hace Nueva York, que desde 2015, se convirtió en la primera legislación de ese país en exigir a las criptoempresas que obtengan la “bitlicense”.

Ese marco regulatorio en Nueva York, permitió que se le negara la licencia a FTX, en su oportunidad, la cual según el CEO de la Federación de Consumidores de California, Robert Herrell, …literalmente, cuando FTX colapsó, debido a las protecciones que tenía la gente en Nueva York, los neoyorquinos estaban mejor protegidos que en California”.

Sin embargo, este Proyecto de Ley 39, no está exento de críticas. El Crypto Council for Innovation (CCI), una alianza global de líderes de la industria en los sectores de activos digitales y Web3 que sirve para educar a los consumidores y formuladores de políticas y abogar por que estas estimulen la innovación responsable, mostró al gobernador Newsom, sus preocupaciones en una carta.

Según el CCI, dice que los legisladores de California, tomaron medidas para aumentar la claridad para los futuros licenciatarios y reducir los requisitos de cumplimiento excesivamente onerosos del proyecto de ley, señalando que se incluyeron exenciones ampliadas, plazos de cumplimiento ampliados y requisitos de divulgación reducidos.

Además, se agregaron limitaciones adicionales a la discreción regulatoria, un proceso de renovación simplificado y mecanismos para armonizar los estándares en todos los estados, lo cual era lo deseado pero “a pesar de estas mejoras significativas, quedan varias cuestiones pendientes con AB 39”.

En primer lugar, el CCI señala que varias definiciones del proyecto de ley siguen siendo problemáticas, incluidas las definiciones de “actividad comercial de activos financieros digitales”, “control” y “funcionario ejecutivo”, cuales son demasiado amplias e imprecisas.

Esto podría involuntariamente “encasillar a una amplia gama de actividades, tecnologías e individuos no relacionados en el ámbito del proyecto de ley, creando desafíos operativos tanto para los licenciatarios como para los reguladores”, desde “protocolos de contratos inteligentes, proveedores de almacenamiento y juegos web3, una industria floreciente de 10 mil millones de dólares que se estima alberga a casi un millón de usuarios diarios”.

Por lo que, “encuadrar esta actividad en un régimen de licencias financieras similar a un banco probablemente resultaría en pérdidas de empleos y salida de empresas del estado y la incapacidad de los consumidores de California de participar en tecnología de punta”.

Además, el CCI considera que “renunciar a los plazos de aplicación y revisión estatutarios, la notificación por escrito antes de todos los exámenes y la reciprocidad con marcos regulatorios estatales similares también desalinea las expectativas y no posiciona a los licenciatarios de California para competir en un mercado abarrotado”.

Del mismo modo, también prevé que “las exenciones para empresas más pequeñas de activos financieros digitales, incluidas las empresas emergentes de activos digitales en etapa inicial, también son insuficientes para preservar la ventaja competitiva del estado”.

Puntualmente, el CCI en su carta a Newsom, señala que “agradece el trabajo realizado para revertir la prohibición general de la legislación sobre las stablecoins algorítmicas, que habría perturbado gravemente los mercados financieros y causado importantes pérdidas a los usuarios”.

Pero, considera que la amplia autoridad otorgada al DFPI a este respecto, y a lo largo del proyecto de ley, requerirá barreras de protección contra las extralimitaciones regulatorias. En todo caso, durante los próximos 18 meses, la criptoindustria estará en contacto con el DFPI para lograr que sus observaciones, sean valoradas antes de que la ley entre en vigor en 2025.

Advertencia "La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido"

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