Luego de haber transcurrido más de una semana, desde que la senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, presentara un nuevo borrador de proyecto de ley de criptomonedas para que sea aprobado en el Senado de Estados Unidos, muchos actores de la criptoindustria ha expresado su preocupación sobre lo que considera un exabrupto legal que perjudicaría al sector y la innovación en ese país.
La senadora Warren es conocida por su crítica postura a favor de una normativa financiera más estricta en las criptomonedas, abogando por controles más rigurosos en dicho ecosistema, dado que a menudo señala que las criptomonedas son utilizadas para actividades ilícitas, como la financiación del programa nuclear de Corea del Norte, ciberdelincuentes y el lavado de fondos provenientes del narcotráfico entre otros delitos para justificar la necesidad de estos controles.
Aunque la Ley contra el Lavado de Dinero de Activos Digitales (DAAML, «por sus siglas en inglés»), es una ley contra el lavado de dinero con criptomonedas que cierra las lagunas jurídicas y combate el lavado de dinero, los ataques de ransomware, la evasión de sanciones, el tráfico de drogas, el fraude a personas mayores y otras actividades financieras ilícitas que utilizan criptomonedas, lo cierto es que ha creado preocupación en el sector criptográfico.
Si bien es cierto, que los senadores copatrocinadores de este proyecto de ley con Warren, supuestamente buscan eliminar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AMF/CFT, «por sus siglas en inglés») a través de los activos digitales, lo cierto es que muchos están considerando que existe algo más allá detrás de ese loable fin.
Who could be so brazen as to write legislation that would effectively ban #crypto?
Senator @RogerMarshallMD, the GOP frontman of the crypto ban bill, revealed the American Bankers Association wrote it. #StopCryptoBan pic.twitter.com/dHufIaXB7i
— Chamber of Digital Commerce (@DigitalChamber) December 19, 2023
Y es que, tras conocerse un video publicado en la cuenta oficial de la Cámara de Comercio Digital en la red social X, (anteriormente Twitter), donde el propio senador republicano por Kansas, Roger Marshall, reconoció que tanto él como la senadora Warren se acercaron a la Asociación de Banqueros (ABA) de Estados Unidos, para obtener ayuda en la elaboración de la propuesta de ley DAAML, la opinión de los líderes de la criptoindustria no ha sido la más favorable.
El senador Marshall, dijo: “Lo primero que hicimos fue ir a la Asociación Estadounidense de Banqueros y decirles ayúdennos a elaborar esto”. Además, el senador dijo claramente que la senadora Warren se reunió con Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, quien afirmó que “las criptomonedas eran solo una herramienta para los delincuentes”.
De allí que, muchos piensan que este vídeo que hizo público la Cámara de Comercio Digital, un grupo de defensa estadounidense que promueve la industria emergente detrás de la tecnología blockchain, bitcoin, las monedas y los activos digitales, es una muestra que estos senadores coludidos con la ABA, están buscando no sólo regular las criptomonedas sino también acabar con el sector en ese país para no tener más competencia en los servicios financieros.
La senadora Warren hace días atrás, justificó su propuesta de ley DAAML, diciendo: “el Departamento del Tesoro está dejando en claro que necesitamos nuevas leyes para tomar medidas enérgicas contra el uso de criptomonedas para permitir que grupos terroristas, naciones rebeldes, narcotraficantes, bandas de ransomware y estafadores laven miles de millones en fondos robados, evadan sanciones, financien programas de armas ilegales y se beneficien de devastadores ciberataques“.
Y añadió que el “proyecto de ley bipartidista es la propuesta más dura sobre la mesa para combatir el uso ilícito de las criptomonedas, y blindar a los reguladores”. De hecho, la propuesta de ley DAAML, contempla varios puntos importantes que buscan acabar con el anonimato digital y la privacidad entre los usuarios de criptomonedas.
Para ello, amplia las responsabilidades de la Ley de Secreto Bancario (BSA, «por sus siglas en inglés»), así como los requisitos de “Conozca a su Cliente” (KYC, «por sus siglas en inglés»), a los proveedores de billeteras de activos digitales.
Este estándar del BSA, también deberá ser cumplido por los mineros, validadores y otros participantes de la red que puedan actuar para validar, asegurar o facilitar las transacciones de activos digitales.
También, esta propuesta de ley DAAML, trata de eliminar el anonimato de las billeteras digitales “no alojadas”, que permiten a las personas eludir los controles ALD y de sanciones, según la senadora Warren.
Para tal fin, la propuesta DAAML ordena a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, «por sus siglas en inglés»), que finalice e implemente la regla propuesta de diciembre de 2020, que obligaba a los bancos y las empresas de servicios monetarios (MSB, «por sus siglas en inglés»), la verificación e identidades de los clientes y su contraparte.
Según el texto de la propuesta de ley ahora conocida como Anti-bitcoin, se exige a los MSB, mantener registros y presentar informes sobre ciertas transacciones de activos digitales que involucren billeteras no alojadas o billeteras alojadas en jurisdicciones que no cumplen con la BSA.
Por otro lado, también exige a la FinCEN para que emita directrices para las instituciones financieras sobre cómo mitigar los riesgos de manejar, usar o realizar transacciones con activos digitales que han sido anonimizados mediante mezcladores de activos digitales y otras tecnologías que mejoran el anonimato.
Igualmente el DAAML, ordena al Departamento del Tesoro que establezca un proceso de revisión y examen de cumplimiento ALD/CFT para los MSB y otras entidades de activos digitales con obligaciones BSA, para fortalecer su ejecución.
De igual forma, faculta a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, «por sus siglas en inglés») y a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, «por sus siglas en inglés») para que se encarguen de establecer un examen de cumplimiento ALD/CFT y procesos de revisión de las entidades que regulan.
Asimismo, la propuesta de Ley DAAML, exigen ampliar las reglas de la BSA sobre la presentación de informes de cuentas bancarias extranjeras incluyendo los activos digitales, al exigir que las personas estadounidenses involucradas en una transacción con un valor superior a 10.000 dólares en activos digitales a través de una o más cuentas extraterritoriales, presenten un Informe de cuentas bancarias y financieras extranjeras (FBAR) al Servicio de Impuestos Internos (IRS, «por sus siglas en inglés»).
Y por último, ordena a la FinCEN que garantice que los propietarios y administradores de cajeros automáticos de activos digitales envíen y actualicen periódicamente las direcciones físicas de los quioscos que poseen u operan, y que también verifiquen la identidad del cliente y la contraparte, con el objeto de mitigar los riesgos financieros ilícitos de los cajeros automáticos de activos digitales.
Varias voces de la criptoindustria y organizaciones estadounidenses, ponen de manifiesto la creciente preocupación de la comunidad de criptomonedas por el impacto de una mayor regulación, en la que los grandes bancos están detrás de estos esfuerzos legislativos para frenar el sector.
De allí que, varios analistas afirmen que los intereses del sector bancario pareciera estar influyendo en la redacción de este proyecto de Ley DAAML, lo que plantea interrogantes sobre las motivaciones que hay detrás de estas medidas reguladoras.
La misma senadora Warren en su comunicado, afirma que su proyecto de ley ha sido respaldado por Bank Policy Institute, Massachusetts Bankers Association, Transparency International U.S., Global Financial Integrity, National District Attorneys Association, Major County Sheriffs of America y Massachusetts Sheriffs’ Association.
También señaló que AARP, National Consumer Law Center (en nombre de clientes de bajos ingresos), y National Consumers League, aunque extrañamente omitió incluir a la Asociación de Banqueros (ABA) de Estados Unidos, que el senador Marshall sí reconoció en el polémico vídeo.