Tras la llegada de nuevas y más profundas regulaciones al ecosistema de las criptomonedas en varios países del mundo, ahora le toca el turno al sector de la industria del minado y más específicamente, la minería de Bitcoin, ya que en Estados Unidos, están buscando imponer restricciones económicas que serán difíciles de sortear en los mercados bajistas.
Y es que esta semana, la Casa Blanca, sede principal del gobierno del presidente, Joe Biden, a través de un comunicado dio a conocer su propuesta de un nuevo impuesto especial del 30% sobre el costo de la energía de las instalaciones de criptominería en ese país, denominado el Impuesto DAME (Digital Asset Mining Energy).
De acuerdo con una disposición presentada en marzo de este año, por el Departamento del Tesoro, correspondiente a las “Explicaciones generales de las propuestas de ingresos de la Administración para el año fiscal 2024”, se solicita aprobar un impuesto especial gradual dirigido a la criptominería, basado en los costos de la electricidad utilizada por esa industria.
Según el texto del comunicado de la Casa Blanca, “una nueva propuesta en el Presupuesto de este año, el impuesto especial sobre activos digitales, minería y energía (DAME), es un ejemplo del compromiso del presidente de abordar tanto los desafíos nacionales de larga data como los riesgos emergentes en este caso, los costos económicos y ambientales de prácticas actuales para la minería de criptoactivos (cryptomining, para abreviar)”.
Y continúa señalando: “Después de un período de incorporación gradual, las empresas enfrentarían un impuesto equivalente al 30 por ciento del costo de la electricidad que utilizan en la criptominería”.
Esta propuesta en toda regla, busca imponer este impuesto del 30% a todas aquellas empresas que “utilizan recursos informáticos” destinados para minar criptomonedas, el cual sería introducido gradualmente durante los próximos tres años, aumentando un 10% cada año.
La tarifa DAME, según la proyección realizada por el Departamento del Tesoro, en el apartado “Impose digital asset mining energy excise tax” o -Imponer un impuesto al consumo de energía de minería de activos digitales-, supuestamente podría generar 3.503 millones de dólares en ingresos durante los próximos 10 años para las arcas del estado.
Y como fundamento base, señala que hoy día, “las empresas de criptominería no tienen que pagar el costo total que imponen a los demás, en forma de contaminación ambiental local, precios más altos de la energía y los impactos del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el clima”. Por lo que “el impuesto DAME anima a las empresas a empezar a tener más en cuenta los daños que imponen a la sociedad”.
Asimismo, la propuesta señala que estas empresas de igual manera, estarían obligadas a informar cuánta electricidad usan y qué tipo de energía se aprovechó para la minería de criptomonedas, argumentando de manera explícita que este nuevo impuesto al sector, podría reducir la cantidad total de máquinas de minería en los Estados Unidos.
Según el comunicado de la Casa Blanca se señala que “El alto consumo de energía de los criptomineros tiene efectos indirectos negativos en el medio ambiente, la calidad de vida y las redes eléctricas donde se ubican estas empresas en todo el país”.
Esta afirmación se fundamenta en el informe presentado el año pasado por la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca (OSTP, «por sus siglas en inglés»), que señala cómo la minería basada en el protocolo de consenso, Proof-of-Work (PoW) o -prueba de trabajo-, utilizada en bitcoin (BTC), tiene un impacto negativo en el medio ambiente, por lo que sugirió la prohibición de este tipo de tecnología.
El comunicado de la Casa Blanca afirma que “Los impactos ambientales de la criptominería existen incluso cuando los mineros utilizan la energía limpia existente. Por ejemplo, en el caso de las comunidades con energía hidroeléctrica donde a menudo se ubican las operaciones de criptominería, el mayor consumo de electricidad por parte de los criptomineros reduce la cantidad de energía limpia disponible para otros usos, elevando los precios y aumentando la dependencia general de fuentes de electricidad más sucias”.
Mientras que en el texto de las propuestas de ingresos para el año 2024, presentado por el Departamento del Tesoro, se señala que “El aumento en el consumo de energía atribuible al crecimiento de la minería de activos digitales tiene efectos ambientales negativos y puede tener implicaciones de justicia ambiental, así como aumentar los precios de la energía para aquellos que comparten una red eléctrica con mineros de activos digitales”.
Agregando que “La minería de activos digitales también crea incertidumbre y riesgos para las empresas de servicios públicos y las comunidades locales, ya que la actividad minera es muy variable y móvil. Un impuesto especial sobre el uso de electricidad por parte de los mineros de activos digitales podría reducir la actividad minera junto con sus impactos ambientales asociados y otros daños.”.
Aunque, este cambio de postura del gobierno de EEUU ha comenzado a causar preocupación en el sector, todavía hay un largo camino por recorrer para su aprobación final, ya que tanto la Cámara de Representantes como el Senado tienen que aprobar un presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, con la nueva disposición para que pueda implementarse.
Para algunos analistas, su aprobación estaría en dudas, puesto que actualmente con la Cámara de Representantes liderada por los republicanos, es poco probable que esa bancada apruebe la propuesta en los términos solicitados por la administración Biden, en el entendido que estamos actualmente en una época pre electoral.
En todo caso, la propuesta del gobierno de Biden, preocupa a una industria que en 2021, fue literalmente expulsada de China en medio de un giro político que posteriormente llevó al gobierno de Xi Jinping, a prohibir todas las transacciones relacionadas con activos digitales, creando un ambiente hostil que llevó a más de 20 empresas a cesar toda actividad en el país asiático.
Tras esa salida de China, gran parte de estas empresas se refugiaron en Arkansas, Colorado, Florida o Texas entre otros estados de Estados Unidos, por ser en ese momento, un país con normas más laxas sobre el consumo energético y abierto a este tipo de industria, lo que parece haber cambiado con este nuevo impuesto del 30% sobre el coste de la electricidad que utilizan.
De ser aprobada dicha propuesta, entrará en vigencia para el período del 2024, sin embargo, es más que evidente que esta tarifa propuesta por la administración Biden, es intencionalmente alta y busca hacer insostenible la industria de la minería de criptoactivos radicada en ese país.