Mientras una gran parte del mundo avanza a una velocidad vertiginosa hacia la adopción de las criptomonedas y la tecnología subyacente detrás de los activos virtuales, hay ciertos lugares en donde han decidido la prudencia por encima de la innovación y las ventajas financieras y sociales de las criptomonedas.
Uno de esos países es la República de Fiyi, cuyo gobierno ha decidido pisar el freno en lo que se refiere a la entrada de los activos digitales a su economía. A través de su Consejo Nacional Contra el Lavado de Dinero (NAML, «por sus siglas en inglés»), ha reafirmado su decisión de prohibir por completo las operaciones de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs, «por sus siglas en inglés») dentro de su jurisdicción.
Esta postura, que se aleja de la regulación para optar por la prohibición, no es una renuncia a la innovación, sino una medida de autoprotección frente a los riesgos inherentes de un sector que, a nivel global, aún está en desarrollo.
El comunicado de prensa del NAML, fechado el 10 de septiembre de 2025, deja claro que su decisión se basa en un enfoque de gestión de riesgos que se alinea con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Para el GAFI, el organismo global de referencia en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALD/CFT), la regulación de los activos virtuales no es una opción, sino una necesidad.
Sin embargo, el GAFI también subraya que cada país debe evaluar sus propios riesgos y capacidades antes de implementar una regulación. Es por ello que, Selina Kuruleca, Secretaria Permanente de Justicia y presidenta del Consejo, sostiene que la prohibición es una “salvaguarda necesaria y prudente”.
Aquí es donde el caso de Fiyi se vuelve ejemplar. El gobierno ha hecho una evaluación honesta y ha concluido que, a pesar de las ventajas potenciales de la regulación, su capacidad actual de supervisión y aplicación de la ley es insuficiente para garantizar una fiscalización segura y efectiva del sector de los activos virtuales.
En palabras de la Secretaria Kuruleca, “la prioridad del Consejo sigue siendo la protección del sistema financiero de Fiyi y la seguridad de su población, a la vez que promueve un entorno seguro y transparente que fomente la inversión legítima y el crecimiento económico”.
Vale destacar, que la población de Fiyi en 2025 se estima en alrededor de 933.154 habitantes, el cual es el país número 161 en la lista mundial por población, con una densidad de 51 habitantes por kilómetro cuadrado.
En Fiyi, la población urbana es del 60,8% es urbana, sumando 567.088 personas con 1,41 millones de conexiones móviles activas, lo que representa el 152% de su población y una cantidad de usuarios de internet, que para enero de 2025, había llegado a los 739.000 personas para una penetración en línea del 79,4%.
Además, a pesar que Fiyi es un archipiélago compuesto por más de 330 islas, de las cuales únicamente unas 110 están habitadas permanentemente, y con más de 500 islotes, ese país posee un sistema financiero dominado por sólo seis bancos comerciales autorizados por el Banco de la Reserva de Fiyi.
Aunque, también poseen otras Instituciones financieras no bancarias (IFNB), que operan como Fintechs que ofrecen créditos y asistencia financiera. Bancos como ANZ, Bank of Baroda, Bank of South Pacific, Westpac y HFC Bank son algunos de los que se pueden encontrar en esa nación isleña.
Es muy probable que parte de su población con acceso a Internet, puedan poseer algún tipo de activo digital, aunque en 2024, el banco central del país amenazó con imponer sanciones a los residentes que compraran activos virtuales con tarjetas de débito y crédito locales.
Es por ello que el NAML no toma esta decisión a la ligera. El comunicado identifica riesgos específicos que son el núcleo de su preocupación: “Los activos virtuales, si bien innovadores, presentan importantes desafíos para la seguridad nacional y la integridad financiera. Su naturaleza descentralizada y anónima los hace muy susceptibles al uso indebido por parte de redes criminales y actores hostiles”, justifica el comunicado.
“El Consejo ha identificado los siguientes riesgos clave: Blanqueo de Capitales (LA): Las criptomonedas permiten transacciones rápidas y anónimas a través de las fronteras, lo que las hace atractivas para el blanqueo de fondos ilícitos y la evasión de la detección”.
“Financiación del Terrorismo (FT): Los grupos extremistas han recurrido cada vez más a activos virtuales para financiar sus operaciones, aprovechando la falta de supervisión centralizada y controles regulatorios”.
“Financiación de la Proliferación (FP): El posible uso de activos virtuales para financiar el desarrollo o la adquisición de armas de destrucción masiva representa una grave amenaza para la seguridad global y regional”, señala el comunicado del NAML.
Estos riesgos, a menudo magnificados por la falta de un marco regulatorio robusto y de la infraestructura tecnológica necesaria para la supervisión, han llevado a Fiyi a concluir que la prohibición total es la medida más prudente en este momento.
Es importante entender que la postura de Fiyi no contradice al GAFI; de hecho, la refuerza. El GAFI no promueve la prohibición de las criptomonedas, sino la regulación obligatoria de los VASPs para que cumplan con las normas ALD/CFT.
Esto incluye requisitos como la debida diligencia del cliente, el mantenimiento de registros y el reporte de transacciones sospechosas. Además, el GAFI ha insistido en la implementación de su “Regla de Viaje”, que exige que los VASPs compartan información sobre el origen y el destino de las transacciones.
La prohibición de Fiyi puede verse como una manifestación de la recomendación del GAFI en su forma más estricta, cuando señaló que si un país no tiene la capacidad para regular y supervisar adecuadamente, la medida más segura es limitar la exposición a los riesgos. De allí que, la decisión de Fiyi demuestra una adhesión total a la filosofía de “conocer a tu cliente” y “conocer tu riesgo”.
El NAML ha dejado claro que su posición no es inamovible. En el comunicado, el consejo afirma que la prohibición es una salvaguarda necesaria y prudente que será objeto de revisión a medida que evolucionen los estándares globales y Fiyi fortalezca sus marcos regulatorios y tecnológicos. Por lo que, la posición del gobierno no significa un rotundo no a las criptomonedas, ya que es una medida temporal.
La decisión de Fiyi es un claro recordatorio para el mundo de las criptomonedas de que la adopción a nivel global no será uniforme. Los países, especialmente aquellos con recursos limitados, priorizarán la integridad de su sistema financiero por encima de la innovación desregulada.
En la era de los activos virtuales, la confianza y la seguridad siguen siendo la moneda más valiosa, y Fiyi, al prohibir las operaciones de los VASPs, está enviando un mensaje claro: hasta que pueda garantizar la seguridad, la puerta permanecerá cerrada.