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El camino de la Regulación Crypto

Artículo de Alex Sleiman Asesor fiscal y experto en el sector Crypto, Despacho de abogados en Madrid LABE Abogados

La regulación de las criptomonedas en los últimos años está suponiendo un gran reto, tanto a nivel legislativo como social, siendo realmente complicado actualmente el poder aportar soluciones legales con una seguridad absoluta sobre su “buen fin”.

El problema principal que sufre el sector criptográfico en esta materia es la dispersión de la norma y la necesidad de emplear analogías jurídicas desde otras normativas que “podrían resultar de aplicación”.

Esta tendencia de aplicar figuras adaptadas, no solamente ha sido iniciada por la administración, desde la Dirección General de Tributos, la CNMV e incluso los propios organismos europeos como la ESMA, sino también, por el conjunto de asesores y consultores que hemos tenido que aplicar estos criterios en pos de prevenir sanciones y lograr la validez legal de las operaciones.

Cabe distinguir entonces las líneas principales en las que se viene “regulando” las criptomonedas y el sector hasta la fecha:

Mientras todo esto ocurre, el Reglamento MICA, que aspira a ser la principal regulación europea en el sector de las criptomonedas, pero que por el momento excluye a los NFTs y en general, se limita a definir los principales tipos de criptoactivos y a limitar y establecer mínimos para los proveedores de servicios de criptoactivos, así como determinados requisitos formales, como, por ejemplo, para los whitepapers.

En última instancia, cabe reseñar que son múltiples las normativas que tienen un impacto sobre el uso de blockchain y el desarrollo de esta tecnología, ello a pesar de no encontrarse regulado todavía en su amplitud.

La cuestión principal que aqueja a la mayoría más ruidosa de usuarios del sector es el temor del impacto que podría tener una regulación estricta del sector Crypto, entendiendo como tal la fiscalización absoluta y un gran freno al desarrollo de grandes e innovadores proyectos a través de la lenta y entorpecedora burocracia a la que estamos acostumbrados y que hasta ahora no se había manifestado en este sector.

Existe un importante punto de coherencia y razón en estos puntos, no obstante, la situación actual depende, en buena medida, de la discrecionalidad administrativa que viene sentando directrices sin una ley ni reglamento que implique expresamente este tipo de activos, lo que genera una importante inseguridad jurídica que conviene disminuir.

A su vez, es posible que los grandes capitales, y especialmente las grandes compañías, comiencen a aprovechar esta tecnología una vez exista un mayor nivel de seguridad jurídica en el sector.

En definitiva, las normativas específicas están en desarrollo y es cuestión de tiempo que terminen aterrizando en los boletines oficiales, tal y como lo ha hecho el Reglamento TRD. Por ello, es importante aprovechar los periodos consultivos para que la normativa se adapte lo mejor posible a la realidad del sector y no suponga un obstáculo a su desarrollo.

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