El pasado viernes, se presentó una demanda colectiva ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Occidental de Washington, Seattle, contra las empresas del grupo Binance y su antiguo CEO, por supuestamente no haber prevenido el lavado de dinero de los fondos de los demandados.
La demanda colectiva fue presentada por tres inversores en criptomonedas, Philip Martin, T.F. (Natalie) Tang y Yatin Khanna, los cuales alegan en el documento de la demanda, que no pudieron recuperar sus criptoactivos robados porque Binance no fue diligente en la prevención del lavado de dinero.
De acuerdo a la versión de los demandantes, sus criptomonedas robadas fueron enviados por los ladrones a Binance con la finalidad de “eliminar la conexión entre el libro mayor y sus activos digitales”, haciendo que estos fondos fueran irrastreables.
En el caso de Martin, de California en diciembre de 2021, “un tercero robó al menos decenas de miles de dólares en criptomonedas de su cuenta de Coinbase”. Supuestamente, “después de una investigación exhaustiva, se determinó que la criptomoneda robada al demandante Martin se envió al menos a una cuenta en Binance.com”.
Mientras que la demandante Tang, también de California, en julio de 2022, “un tercero robó decenas de miles de dólares en criptomonedas de su cuenta de Coinbase”, alegando igualmente que tras “una investigación exhaustiva, se determinó que la criptomoneda robada al demandante Tang se envió al menos a una cuenta en Binance.com”.
Finalmente, en el caso de Khanna, de Nueva York, en agosto de 2022, “un tercero le robó más de 1,5 millones de dólares en criptomonedas”. Asimismo, luego de “una investigación exhaustiva, se determinó que las criptomonedas robadas al demandante Khanna se enviaron a al menos una cuenta en Binance.com”.
Todos los demandantes alegaron que en ningún momento habían tenido una cuenta en Binance o BAM, ni han aceptado los términos de uso que Binance o BAM imponen a los titulares de sus cuentas.
Del mismo modo, los demandantes acusan a cuatro empleados de “alto nivel de Binance y BAM estuvieron involucrados en la estrategia, decisiones y acciones para garantizar que los malos actores pudieran seguir usando Binance.com para blanquear criptomonedas”.
Estos empleados de alto nivel de Binance, están señalados por los demandantes como co-conspiradores del grupo Binance y su ex CEO, porque “sabían que Binance.com estaba obligado a implementar procedimientos KYC y AML, pero no lo hicieron”, ya que “violaron deliberadamente estas importantes leyes y regulaciones estadounidenses para maximizar las tarifas y ganar participación de mercado”.
Según los demandantes, el criptointercambio “cobra tarifas a los clientes por realizar transacciones de criptomonedas, por lo que cuantas más transacciones completaban los clientes, más ganaba Binance”.
Afirmando que “Binance tiene un fuerte incentivo monetario para alentar, facilitar y permitir tantas transacciones en su plataforma como sea posible, incluso transacciones que involucran criptomonedas robadas”.
De hecho, los demandantes afirman, que “la cantidad de tarifas que Binance cobraba a un usuario variaba según el volumen de operaciones del usuario y los operadores de mayor volumen generalmente pagaban tarifas más bajas por operación”, los cuales “también ayudaron a proporcionar liquidez en la plataforma de Binance”.
Parte del argumento de los demandantes, es que todo esto contribuyó a generar un mercado de alta liquidez, el cual “también facilita que los malos actores intercambien grandes cantidades de criptomonedas robadas”.
Los demandantes alegan que “hasta al menos agosto de 2021, Binance y sus co-conspiradores permitieron a los usuarios abrir cuentas sin enviar ninguna información KYC”, y sostienen que “los usuarios podían abrir cuentas simplemente proporcionando una dirección de correo electrónico y una contraseña. Binance no requería otra información, como el nombre del usuario, la ciudadanía o la ubicación”.
Esto supuestamente permitió que “usuarios anónimos, incluidos los actores maliciosos, abrieran cuentas, para transferir criptomonedas a Binance, negociar esas criptomonedas en el intercambio de Binance y retirar las criptomonedas intercambiadas sin proporcionar ninguna información de autoidentificación”.
Adicionalmente, afirman que esto ocurrió “incluso después de que Binance anunció que ya no abriría nuevas cuentas sin KYC, permitió que los clientes existentes continuaran usando Binance sin proporcionar esa información”.
En vista que Binance como grupo fue un actor clave en el proceso de lavado de dinero, violó la Ley de Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), creada en 1970, para combatir el crimen organizado en los Estados Unidos, apuntando a aquellos que operan o administran empresas criminales.
Adicionalmente, los demandantes alegaron que en los criptointercambios todas “las transacciones de la cadena de bloques son inherentemente inmutables y transparentes y se registran en libros de contabilidad digitales distribuidos en una red descentralizada de nodos”.
Agregando que “estas transacciones, que abarcan detalles como direcciones del remitente y el destinatario, montos de las transacciones y marcas de tiempo, se registran de forma permanente, lo que garantiza la integridad y la seguridad de los datos”.
Esto haría fácil que en caso que un mal actor “retire las criptomonedas de alguien sin su permiso de su billetera o de un protocolo y luego las transfiere a su propia billetera o intenta retirar los fondos como moneda fiduciaria a una cuenta bancaria”, se podría atrapar a este mal actor.
Ahora, los demandados: Binance Holdings, Ltd., denominada comercialmente como Binance, Bam Trading Services Inc., denominada comercialmente como Binance.US y por supuesto Changpeng Zhao, alias (CZ), el ex CEO, tendrán que defenderse en la corte y probar que nunca existió la Cripto-lavadora empresarial de Binance que los inversores alegan en la demanda.
Esta nueva demanda se suma a otras que también posee Binance y sus empresas asociadas así como también su ex CEO.
